Guatemala se encuentra en un momento de crisis institucional profunda, que se manifiesta en constantes contradicciones entre los diferentes órganos del Estado. La firma de un convenio internacional arbitrario, sin pasar por el Congreso de la República y el desacato por parte del ejecutivo a las resoluciones preventivas de la Corte de Constitucionalidad, pone en evidencia la debilidad del orden establecido.
La injerencia del gobierno de Donald Trump se torna cada vez perversa. Esta vez, con prepotencia, bajo presión y amenaza, somete a un gobierno entreguista, incapaz y desgastado como el de Jimmy Morales. Ambos gobiernos tienen algo en común, por un lado, Donald Trump toma decisiones desesperadas porque sus intereses son electorales, mientras Jimmy Morales busca a todas luces protección e impunidad por todas las denuncias que existen en su contra.
La crisis humanitaria que afecta a la región y que obliga a miles de personas a migrar, es consecuencia de las recetas económicas neoliberales impuestas por el poder corporativo y oligárquico, bajo la tutela de Estados Unidos. Un modelo económico neoliberal que ha propiciado la privatización de los servicios públicos, despojo y mercantilización de los bienes naturales estratégicos, corrupción y saqueo de las arcas públicas, que solo ha provocado profundización de la pobreza y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los pueblos.
La firma del convenio con Estados Unidos para declarar a Guatemala como un “tercer país seguro” es insostenible, porque significa convertir al país en un campo de concentración de migrantes y refugiados que buscan asilo en Estados Unidos; esta decisión irresponsable no solo atenta contra la soberanía, sino también atenta contra la vida, seguridad y derechos básicos de los migrantes, porque Guatemala es un país inseguro al borde del colapso, capturado por la mafia política que no tiene la mínima capacidad para atender una emergencia de tal magnitud.
Respaldamos las acciones impulsadas por la Procuraduría de Derechos Humanos, así como las medidas preventivas otorgadas por parte de la Corte de Constitucionalidad; al mismo tiempo exigimos al gobierno de Estados Unidos a respetar nuestra libre determinación como pueblos. Al mal gobierno de Guatemala y sus asesores que se entreguen a la justicia y no tomen más decisiones irresponsables que atentan contra la vida y el futuro del país.
Huehuetenango, 30 de julio de 2019
Consejo del Pueblo Maya – CPO-