REFLEXIONES DESDE LOS PUEBLOS
Por. Francisco Rocael Mateo Morales
Ante la crisis institucional que vive el Estado de Guatemala se hace imprescindible garantizar que los funcionarios públicos no solo deben cumplir con el requisito de honorabilidad que lo establece la Constitución Política de la República, sino también deben tener vocación de servicio; en este sentido, el «derecho» a la inmunidad que actualmente gozan algunos, no tendría sentido.
En la iniciativa de reforma al Sistema de Justicia que actualmente se está promoviendo, se contempla quitarle el derecho de inmunidad solo a los alcaldes y gobernadores; esto de entrada huele a desigualdad; centralización de la corrupción, de privilegios e impunidad.
Esta bastante documentado que las redes de corrupción y de tráfico de influencia, empiezan desde arriba para abajo, desde algunos los diputados que condicionan los proyectos del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural e imponen sus empresas constructoras a las entidades ejecutoras que son las municipalidades; también desde algunos magistrados y magistradas de la impunidad capturados por las mafias, hasta los Ministros y Presidente que venden la soberanía del país, se someten a los intereses de la oligarquía y de las corporaciones transnacionales. Ante esta realidad, es imperativo eliminar este privilegio a todos por igual.
En consecuencia, los únicos que saldrían perjudicados con esta medida, serian aquellos funcionarios que no llegan a servir al pueblo, sino a hacer negocio familiar o a servir intereses espurios que mantienen a nuestro pueblo en la miseria y debacle.