Guatemala se encuentra sometida bajo un sistema que no contempla ningún respeto hacia sus habitantes y la vida de la naturaleza, a menos que esto signifique ser un recurso que pueda generar ganancias económicas para la oligarquía.
Este sometimiento está depredando los bienes naturales a una velocidad sin precedentes, poniendo en riesgo la habitabilidad del ser humano en el planeta. A partir de esta problemática, han existido figuras que han dado un paso al frente en la defensa tanto de su vida como de la Madre Tierra.
Sujetos como Fausto Sánchez, Aura Lolita Chávez e Isabel Velásquez han sufrido persecución a causa de esta lucha, persecución orquestada por el sector privado en contubernio con el Estado con el fin de proteger intereses económicos con la excusa de que estos sujetos interfieren con el desarrollo económico del país, cuando en realidad estas industrias han generado un desarrollo abismalmente desigual.
Esta desigualdad se proyecta en la extrema pobreza que violenta a un 83% de la población rural e indígena (Noticias ONU, 2017), población históricamente explotada y marginada por las élites del país.
Este es un ejemplo a nivel local de las opresiones que atacan a la población indígena, que se dan de maneras similares a nivel mundial. A partir de esta problemática, organismos internacionales han creado instrumentos legales que puedan proteger a las comunidades indígenas y rurales, notablemente el Decreto 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT – y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Estos instrumentos que han sido ratificados por Guatemala, no son respetados en la práctica por las autoridades quienes permiten que las empresas usurpen tierras y despojen comunidades que a la larga jamás perciben el desarrollo que se les promete.
A partir de los resultados negativos que las transnacionales, los megaproyectos y el extractivismo han dejado, diversas comunidades han formado núcleos de resistencia.
La resistencia se enfrenta por lo general ante el poder económico que es el que tiene la última palabra en este sistema donde la persecución, asesinato y criminalización son armas recurrentes.
En el imaginario social esta problemática no ha resonado debido al colaboracionismo por parte de los medios de comunicación que fungen al servicio de las grandes empresas.
Las noticias usualmente construyen una narrativa donde se ubica a la industria como la afectada por los reclamos de las comunidades, y a los defensores se les etiqueta como obstáculos para el desarrollo.
Tomando en cuenta los diversos informes donde se hace constar que los Pueblos Indígenas ocupan el 80% de los territorios donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2018), con una forma de vida donde las actividades económicas, sociales y culturales están fuertemente ligadas a la tierra; hay una necesidad de visibilizar los instrumentos que legitiman los reclamos de las comunidades.
Una necesidad de poner en la discusión pública la lucha por la defensa del territorio; una necesidad para aumentar el respaldo hacia estos reclamos que surgen.
Existe una enorme necesidad de educar al público sobre el por qué esta criminalización es injusta, de poner sobre la mesa el concepto de derechos colectivos y su importancia en el desarrollo de la vida.