El Pueblo Maya habita estos territorios desde hace miles de años; 3113 años antes de Cristo de acuerdo a la última cuenta larga del calendario maya de 5125 años que finalizó el 21 de diciembre de 2012 (Consejo del Pueblo Maya [CPO], 2019, p. 21).
A partir de 1524, cuando se da la invasión española, los pueblos fueron despojados de sus tierras, de sus derechos, de su dignidad como seres humanos; a pesar de sus fuertes resistencias y luchas, fueron sometidos a la servidumbre y a la esclavitud, las mujeres fueron utilizadas como objetos sexuales, muchas huyeron a las montañas para sobrevivir de la violencia que ejercían los españoles sobre las poblaciones; a partir de aquí, empieza a desarrollarse la explotación y el trabajo forzado que respondía al capitalismo de aquella época, se impuso una nueva religión, una nueva educación, un sistema de gobierno autoritario, excluyente y racista, fue el primer despojo; los pueblos de manera creativa siguieron resistiendo y manifestando su descontento frente a la corona española logrando frenar muchos de los males que sufrían en sus propias tierras pero fue suficiente para terminar con la explotación.
En 1821, se registró con claridad un enfrentamiento entre dos ideologías políticas: los conservadores, cuya propuesta era cobrar los impuestos para enviárselo a la corona española, y los liberales, que con su propuesta “progresista” se independizaron e impulsaron un nuevo modelo socioeconómico que más adelante se basó en el cultivo del café, los pueblos tenían sus propias luchas, pero no avanzaban por las fuertes persecuciones que sufrían.
En esta época, a los pueblos se les despojó por segunda vez de sus tierras; grandes extensiones fueron otorgadas a los criollos y terratenientes, amigos de los gobernantes, incluyendo alemanes que empiezan a migrar hacia estas tierras dedicándose al cultivo de café a donde fueron llevados los hombres y las mujeres de los pueblos para trabajar; cuando empiezan los registros de tierras, en voz propia de los abuelos y las abuelas, tuvieron que pagar dos o tres veces para recuperar parte de sus tierras; las poblaciones fueron explotadas en las fincas y la construcción de carreteras de manera obligada y gratuita, pero a pesar de ello, siguieron con sus luchas y resistencias; durante la historia, se registran grandes levantamientos de los pueblos como entre muchos más, el de los Mam en 1701 que fue desde Quetzaltenango hasta el Soconusco, Chiapas, el de los Kiches liderado por Atanasio Tzul en Totonicapán antes de la época de la independencia (Consejo del Pueblo Maya [CPO], 2019, p. 23); estas luchas y muchas más aún se mantienen vivas en defensa de sus territorios hasta nuestros tiempos.
Entre 1840 a 1885, se consolidó la “Reforma Liberal”, un proyecto de corte capitalista, dirigido por Justo Rufino Barrios, quien, con el apoyo de Estados Unidos hace leyes para obligar a los pueblos a trabajar de manera gratuita en las fincas donde a la gente no se le pagaba absolutamente nada, más que algún tiempo de comida. El 21 de marzo de 1847, Guatemala fue proclamada, a través de un decreto, como una “República soberana e independiente” por el presidente de aquella época, Rafael Carrera3, los pueblos indígenas no tuvieron ninguna participación, pero siguieron en resistencia.
Durante esta época, se registra una sucesión de gobiernos militares que respondían solo a los intereses de los poderosos y no a favor de los pueblos, agravándose durante la época de Jorge Ubico, un dictador, quien esclavizó a las poblaciones durante 14 años, finalizando con la corta “época democrática” del 20 de octubre de 1944 a 1954, diez años de primavera durante los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz; esos días gloriosos de la revolución, fueron días de superación en todos los ámbitos, pero nuevamente fueron truncados por la intervención de Estados Unidos al ver afectados sus intereses en la región por las reformas agrarias promovidas durante esta época. El 27 de junio de 1954 derrocaron el gobierno de Jacobo Árbenz; la operación fue a través del ejército dirigido por Carlos Castillo Armas con el apoyo de la CIA4, quien defendía los intereses de la United Fruit Company (UFCO), una empresa multinacional de Estados Unidos que producía banano y que, en esa época, ocupaba el 50% de las tierras cultivables en Guatemala que junto a los gobernantes habían despojado a los pueblos indígenas.
A partir de esta fecha hasta 1996, se registra el conflicto armado en Guatemala; por un lado, el ejército, que más que defender los intereses nacionales, defendía los de los sectores poderosos; por el otro, las diferentes expresiones del movimiento revolucionario en el que muchos líderes de los pueblos se involucraron al no ver otra alternativa de lucha. Este conflicto afectó a las poblaciones mayas, “más de un millón de personas desplazadas de sus lugares de origen, cientos de comunidades arrasadas, más de 250 mil personas muertas y desaparecidas, 80 mil viudas, 200 mil huérfanos/as, 700 mil personas obligadas a participar en estructuras paramilitares como las Patrullas de Autodefensa Civil, más de 50 mil refugiados reconocidos y otros 25 mil no reconocidos, establecidos en su mayoría en México”5. Gran parte de las poblaciones afectadas, tuvieron que refugiarse en los países vecinos como México, Honduras, incluso Estados Unidos. Entre 1980 y 1982, se implementó la política de “Tierra arrasada”, concretándose así el tercer despojo de las tierras a los pueblos, se pueden revisar las usurpaciones que siguen en los departamentos del norte de Guatemala.
El 29 de diciembre de 1996, mientras “se firmaba la paz” durante el gobierno de Álvaro Arzú, se iniciaba el cuarto despojo, se proclamaron leyes como “ley de minería, ley de electrificación, ley de hidrocarburos, ley de telecomunicaciones” (Consejo del Pueblo Maya [CPO], 2018, p. 10). El 31 de julio de 1998, se concreta la venta de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., uno de los muchos bienes estatales que fueron privatizados durante el gobierno de Arzú. En contraste, el 13 de junio de 1996, como producto de las luchas propias de los pueblos, se ratificaba en el Congreso de la República, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que posteriormente fue un gran respaldo a la lucha de los pueblos indígenas por la exigencia y cumplimiento de sus derechos, por ejemplo, el desarrollo de las más de 80 consultas comunitarias realizadas a nivel nacional, sobre los temas de minería e hidroeléctricas cuyo resultado es el rechazo rotundo a estos megaproyectos por violar el derecho de consulta y el ejercicio de la libre determinación de los pueblos.
No cabe duda, los pueblos permanentemente están siendo amenazados y despojados por un modelo de desarrollo que se basa en el extractivismo, la explotación, en la acumulación de capitales en pocas manos; pero LOS PUEBLOS INDÍGENAS TODO EL TIEMPO HAN ESTADO LUCHANDO Y RESISTIENDO a partir de valorar y defender la vida según su cosmovisión; como una manifestación clara y contundente en los últimos años, ha sido a través de su decisión en las consultas comunitarias al ponerle frenos y talanqueras al ingreso abusivo de las empresas a su territorio, pero eso no es ni será suficiente, se necesita cambiar de raíz a los problemas que se tienen como país, necesitamos un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político, un nuevo sistema de justicia y una cultura plurinacional.
Los pueblos necesitamos retomar nuestros sistemas de vida, necesitamos avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional donde los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo tengan las mismas oportunidades de vivir; para lograr eso, sin duda, los pueblos tienen que apostarle a la disputa del poder tal como lo plantea el CPO en su Libro Azul “El Tiempo de los Pueblos”.