Se dice que como población guatemalteca se tiene derecho a la justicia, pero no se cumple, que se tiene derecho a la igualdad, pero no todos son tomados en cuenta, no se tiene participación política. Que se tiene derecho a la identidad social y cultural, pero por portar la vestimenta maya y hablar un idioma indígena nos excluyen; que se tiene derecho al desarrollo, pero no tienen las mismas oportunidades, muchos mueren por la pobreza y extrema pobreza; que se tiene derecho a la tierra y los bienes comunes naturales, pero los pueblos son despojados de ellos; que se tiene derecho a la educación, pero cada vez este derecho está lejos de los pueblos.
En el presente trabajo se establece cómo los derechos colectivos de los pueblos indígenas siguen siendo violentados por los sectores poderosos en pleno siglo XXI.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, fue ratificado por el Congreso de la República en marzo de 1996 y entró en vigor en marzo de 1997. Lleva 20 años en vigencia, siendo ley en Guatemala, pero con un total incumplimiento por parte del Gobierno de la República.
Si bien es cierto, este instrumento internacional reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas desde 1996, cuando se firmó la paz en Guatemala empezaron a imponerse los megaproyectos de minería, hidroeléctrica y muchos más, siendo violados los derechos a la Consulta Comunitaria de Buena Fe y todo lo relacionado al ejercicio de la libre determinación de los pueblos.
Como consecuencia de las violaciones a los derechos, “en Guatemala, los pueblos indígenas presentan los más altos indicadores de negación de justicia, discriminación y racismo estructural y limitaciones económicas, territoriales e idiomáticas ante la pretensión de defender sus derechos” ; hay poca o nula participación política de los pueblos en los asuntos políticos desde las localidades hasta el nivel nacional, afectando principalmente a las mujeres; los niveles de pobreza y extrema pobreza cada vez son más alarmantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014), Guatemala está marcada por un 59,3% de pobreza total, siendo más grave en las poblaciones indígenas como en Cobán que llega hasta el 83%, la extrema pobreza va del 23% a nivel general, llegando hasta el 53% en las áreas rurales. Según el CPO, (2020, S/P) “estamos sufriendo el cuarto despojo de nuestros territorios y bienes comunes naturales”.
Pero tenemos la esperanza en el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas, es importante recordar que tenemos que organizarnos y unirnos para hacer efectivos nuestros derechos como el acceso a la justicia, salud, educación, alimentación, condiciones laborales dignas, participación política, derechos a la tierra, el territorio y un desarrollo que nos garantice una vida digna. Asimismo, tenemos que luchar contra el racismo y la discriminación racial arraigada en la sociedad guatemalteca. Una posibilidad, es la construcción del Estado Plurinacional como lo plantea el CPO, en el que todos los pueblos puedan participar.