Según la Real Academia Española –RAE–, la globalización es el “Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos.
La globalización desde la perspectiva de los pueblos originarios, es la responsable de los grandes despojos y saqueos a través de las empresas transnacionales como sus aporreadores. Este fenómeno económico inicia a afectar a los pueblos indígenas desde 1524 y durante las diferentes etapas de la colonización, sin embargo, se agrava en 1996 hasta la fecha, cuando inicia “el cuarto despojo” a los pueblos; es cuando las grandes empresas mineras empezaron a adueñarse de los territorios.
Esta estrategia es establecida por los sectores del poder político y económico y el ejército, con el apoyo de países poderosos como Estados Unidos con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado y liberar las políticas para su negocio, el único objetivo de ellos es avanzar con la implementación del modelo neoliberal que el conflicto interno había estancado.
En 1996, cuando el partido PAN llegó al poder dirigido por Álvaro Arzú, se “pone fin a la guerra y firma la paz”; fue cuando empezaron a implementarse leyes a favor de las grandes empresas por medio de un Congreso aplanador, su fin era consolidar la estrategia de vender y privatizar los bienes y recursos del Estado a su favor, entre otras leyes que el Congreso emitió y que hasta la actualidad siguen afectando, las cuales son: “la Ley de Minería, la Ley de Electrificación, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Telecomunicaciones, la explotación de petróleo, entre otras” (Consejo del Pueblo Maya [CPO], 2018, p. 10).
A partir de estas nuevas leyes los pueblos empezaron con las luchas para defender la vida, el territorio y la madre naturaleza, ya que para nosotros como pueblos mayas el agua es nuestra vida y nuestra madre es la tierra porque ella es la que nos da de comer, en cambio las empresas e industrias extractivas de oro, níquel y otros minerales, es solo un negocio, lo más triste es que las leyes están a favor de ellos, ya que las minerías e hidroeléctricas empiezan a engañar a la población ofreciendo un falso desarrollo para la comunidad donde empiezan a explotar los ríos y las montañas, dejándonos sin agua.
Una forma de desarticulación de los pueblos indígenas es la criminalización, la cual persigue, encarcela y mata a los líderes comunitarios si se oponen a las acciones de las empresas y no solo eso, la minería a cielo abierto deja el suelo infértil y contamina los ríos por la utilización de químicos contaminantes y letales para el consumo humano dejando enfermedades y desnutrición, no solo las minerías y las hidroeléctricas, sino también los promotores de los monocultivos como la palma de aceite, violan los derechos humanos, despojando la tierra a los pueblos con el fin de seguir incrementando sus fortunas sin pagar impuestos; además las fuentes de agua se secan, desvían los ríos para regar las extensiones de plantaciones de palma, como también talan grandes hectáreas de bosque para seguir plantando ya que el cultivo de palma deja infértil el suelo, es decir la tierra ya no es buena para el cultivo, por eso tienen que buscar tierras vírgenes para poder seguir con esta plantación.
Los ingenios azucareros explotan los suelos y la contaminación del medio ambiente por los químicos que utilizan, como también la quema que realizan; explotan a la población con trabajos forzados y sueldos miserables, las maquilas; son empresas que nos vienen a quitar nuestras ciencias y tecnologías, por ejemplo, los tejidos; ellos sacan prendas baratas dejando a la población sin nada.
Hasta la fecha las empresas nos siguen saqueando con la privatización de los cultivos; otra empresa que está violentando nuestros derechos y adueñándose de nuestras tierras, según Prensa comunitaria (2020, S/P), “es la empresa TRECSA, que sin consulta va invadiendo tierras de los pueblos, talan árboles sin consultar con la población y sin ninguna licencia para poder instalar las torres de electricidad como está sucediendo en San Juan Sacatepéquez y muchos municipios más en el país”.
Ante toda esta situación de robos y despojos, los pueblos debemos organizarnos para defender nuestros derechos legítimos según las leyes nacionales y los convenios internacionales, pero, sobre todo, tenemos que avanzar en la construcción de un Nuevo Estado para Guatemala, tal como se plantea en el Libro Azul del CPO que llama a que “ningún pueblo se quede atrás”.