El Ministerio de Energía y Minas(MEM) suspendió la licencia de explotación de niquel Fenix, debido a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en junio del 2020, en donde resuelve suspender operaciones del proyecto minero y ordena el desarrollo de la consulta comunitaria a los pueblos afectados.
239 kilómetros cuadrados de esta licencia que fue autorizada por el MEM a la empresa “Compañía Guatemalteca de Níquel – CGN” de origen transnacional, no contaban ni siquiera con el Estudio de Impacto Ambiental, requisito indispensable para la autorización de licencias mineras.
Estas licencias mineras autorizadas inconsultamente a los pueblos indígenas y bajo procesos anómalos afectan socioambientalmente el desarrollo y bienestar de las comunidades.
Intimidaciones, amenazas y criminalización a líderes son recurrentes en el territorio Maya Q’eqchi’ por la resistencia y denuncia que mantienen las comunidades ante la imposición de este proyecto minero. La Corte de Constitucional debe seguir resolviendo el cese definitivo de estos proyectos mineros que solo benefician a las grandes industrias transnacionales – se llevan las riquezas de nuestros territorios y nos dejan la contaminación por décadas -.