Hoy el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Totonicapán, emitió sentencia en contra de la comunicadora comunitaria Ana González.
La sentencia le restringe por dos años el derecho de ejercer su papel como comunicadora comunitaria en su comunidad, así también el participar en una radio comunitaria, entre otros derechos que le fueron restringidos.
Ana González es una comunicadora Maya K’iche, originaria del municipio de San Francisco el Alto, Totonicapán, quien fue detenida junto a Antonia López mientras ejercían su rol de comunicación comunitaria.
Ambas comunicadoras fueron criminalizadas en noviembre de 2018, siendo señaladas de «hurto» de frecuencia radioeléctrica, proceso que fue cerrado en febrero de 2019 por el Juez competente y que el Ministerio Público reabrió tras una solicitud de apelación.
Para el Consejo del Pueblo Maya, este es un caso más de criminalización y represión del estado hacia los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y una clara violación a la libre emisión del pensamiento y el derecho de expresión y comunicación de los pueblos.
La persecución penal es una de las estrategias más fuertes que utiliza el estado en contubernio con empresas privadas con la finalidad de callar la voz de las comunidades y pueblos.