Los dólares que todos los meses fluyen hacia las casas y comunidades indígenas alrededor del país gracias al esfuerzo y sacrificio de miles de migrantes ayudan, entre muchas otras cosas, a compensar la inexistencia de un Estado que debería proteger los precios de los productos agrícolas y de otras industrias, invertir en educación, salud e infraestructura, y no favorecer monopolios. En fin, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todos y todas. Pero ¿Qué pasaría si este flujo que en 2019 representó casi el 14% del PIB de la economía –si puede llamarse economía a lo de Guatemala– sufriera una caída (20%) por causa de la pandemia como se observa?
Los efectos se pudieron observar desde los primeros meses de la pandemia – entre abril y mayo – debido a que las remesas en el caso de las familias indígenas, y más aún las que viven en el área rural, son una parte importante de los ingresos totales de las mismas. Según la ‘Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014’ del Instituto Nacional de Estadística, el 54% de los hogares que reciben remesas se encuentran en el área rural; en estos hogares las remesas representan el 48% de los ingresos totales y si los hogares pertenecen a familias indígenas, éstas representan la mitad de los ingresos totales, independientemente de la ubicación. También se encuentra que el 77% de las personas mayores de 25 años que reciben remesas sólo cuentan con educación primaria y más de la mitad de ellas se encuentra sin trabajo, lo que demuestra que sin la ayuda de las remesas muchas familias entrarían en una seria crisis con pocas posibilidades de salir de ella por su cuenta, como ha pasado.
Estos son los casos en donde un Estado funcional haría efectiva a sus instituciones para implementar políticas fiscales expansivas que protejan a las familias de caer bajo la línea de la pobreza, ayuden a solventar la compra de artículos de primera necesidad y los pagos de servicios básicos, pagar rentas, colegiaturas, etc. Evidentemente el Estado guatemalteco está muy lejos de ser funcional. Incluso, el Fondo Monetario Internacional, el menos interesado en que a los países en desarrollo les vaya bien, les ha dicho a los gobiernos del mundo: ¡Gasten! para salir de la crisis; lastimosamente parece que la actual administración entendió: ¡Roben! y los resultados son evidentes y se dejarán ver en el corto plazo y se agudizarán durante los siguientes meses de la pandemia.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en el corto plazo la reducción de ingresos en los hogares incrementará significativamente los niveles de pobreza. Se estima que en el marco de la crisis del COVID-19, después de 4 meses sin ingresos, más de 1 millón 300 mil personas caerían bajo la línea de la pobreza, de las cuales más de 800 mil serían personas indígenas. Es importante recalcar, si no es obvio, que en Guatemala el 64% de la población ya vive en pobreza y pobreza extrema y que la reducción de ingresos parcialmente causada por la caída de las remesas no es la causa si no una agudización del problema. Además, cabe mencionar que la caída en las remesas no sólo afecta directamente a los hogares que las reciben, sino también de forma indirecta a la actividad comercial de las comunidades en donde estos se encuentran; se estima que hasta ¾ partes del presupuesto de estos hogares se usa en la compra en alimentos y bienes duraderos en mercados, plazas y tiendas locales.
Es muy probable que los números y estimaciones presentadas están subestimadas debido a la baja calidad y poca transparencia de los datos oficiales, y que la actual situación de dependencia en las remesas y la caída de éstas, es y será en realidad mucho más grave de lo que parece. Esta crisis nos debe enseñar que no puede existir democracia sin información, sin ella corremos el riesgo de tomar decisiones erróneas y tardías.
A esta altura hacer un llamado para que el Estado actúe conforme a sus responsabilidades y de forma transparente para enfrentar la crisis del COVID-19 se vuelve inútil, así que el llamado es a los pueblos para que entendamos que la pobreza y el desamparo en la que se nos ha dejado es una decisión consiente que el ‘Estado’ guatemalteco ha tomado, toma y seguirá tomando hasta que seamos nosotros quienes lo conformemos.
Por Pablo Morales
Julio de 2020