Ley General de Electricidad: La intención nunca ha sido el desarrollo del país, sino una herramienta para la explotación sin límites

La Constitución Política de Guatemala sienta las bases para la protección de la persona, el bien común, la vida y la paz. Por su lado, la Ley General de Electricidad se fundamenta en el mismo documento, cuyo artículo 129 declara como urgencia nacional la electrificación del país, proceso en el cual puede participar la iniciativa privada con la rectoría del Estado y las Municipalidades. Una vez alcanzada la meta de proveer electricidad a toda la población, se estaría materializando ese principio constitucional. Sin embargo, esta meta no ha sido alcanzada. Y no precisamente por la falta de generación de energía. Guatemala se ha convertido en el principal exportador de electricidad de Centroamérica.

Sus excedentes demuestran que el país produce energía como para proveer electricidad a todo su territorio. De hecho, las plantas generadoras actuales son suficientes para cubrir la demanda de la población actual.  ¿Existe entonces contradicción entre los principios constitucionales y las leyes que regulan el actual modelo energético de Guatemala?  Sí.


“La intención subyacente de la actual Ley General de Electricidad nunca ha sido el desarrollo social y económico del país; sino dotar con una herramienta legal al sector privado para explotar los bienes comunes naturales a sus anchas”

La intención subyacente de la actual Ley General de Electricidad nunca ha sido el desarrollo social y económico del país; sino dotar con una herramienta legal al sector privado para explotar los bienes comunes naturales a sus anchas. Bajo el argumento de las energías renovables y el cambio climático, se esconde un modelo energético que pone en choque al sector privado nacional y transnacional con los derechos fundamentales de los pueblos, el territorio y el medio ambiente.

¿Pesa más el enriquecimiento ilimitado de inversionistas basado en el uso acaparador del agua de los ríos y territorios, o el derecho de los pueblos a proteger los recursos naturales de los cuales depende la vida?  La respuesta es obvia. Y atenidos a la Constitución y los convenios ratificados por Guatemala, la respuesta es la misma: no.


“El modelo energético actual se apartó del mandato constitucional y lo distorsionó hacia una explotación sin límites de las fuentes renovables de energía”

El modelo energético actual se apartó del mandato constitucional y lo distorsionó hacia una explotación sin límites de las fuentes renovables de energía.

Por eso hoy es necesario superar el modelo actual con una institucionalidad que combata la violación de los derechos fundamentales colectivos, con planes de producción de energía enlazados a caminos de desarrollo humano, con un Estado Plurinacional, municipalidades y pueblos que funcionen como rectores de los planes energéticos.

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Fuente: Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.

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