19 noviembre, 2019

Una guía de Consulta – SIN CONSULTA –

Hoy el Consejo del Pueblo Maya –CPO- presento en la Corte Suprema de Justicia una acción de Amparo en contra del Ministerio de Trabajo dirigido por Leticia Teleguario para dejar sin efecto la “Guía Operativa para la Implementación de Consulta a Pueblos Indígenas (REGLAMENTO DE CONSULTA)” la cual busca favorecer los intereses empresariales frente a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. 

La acción de amparo fue respaldada por autoridades comunitarias del occidente de Guatemala que tienen la responsabilidad de resguardar los bienes naturales de cada una de sus comunidades.

 

En asamblea deliberativa de pueblos que han desarrollado consultas comunitarias a nivel occidente de Guatemala el 11 de julio del 2017, se consensuo y analizo dicha guía impulsada por el gobierno actual. En dicha Asamblea se analizó y evaluó el instrumento que según consenso asambleario no representa en lo absoluto las demandas de los pueblos indígenas y no solo eso, sino también, atenta contra el ejercicio de los derechos de los pueblos, principalmente la autonomía y la libre determinación.

 

La “Guía Operativa para la Implementación de Consulta a Pueblos Indígenas” fue presentada el  18 de julio del 2017, con el objetivo de “contar con una guía para llevar a cabo consultas a pueblos indígenas sobre proyectos mineros e hidroeléctricos que se impulsen en su territorio”.

 

Según el análisis de la Comisión Jurídica del CPO, la guía presentada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene muchas falencias que facilitan la entrada de empresas nacionales e internacionales para la explotación de los bienes naturales vulnerando los derechos y territorios de pueblos indígenas.

 

El CPO afirma que la consulta previa a pueblos indígenas es un derecho fundamental de naturaleza colectiva que no fue garantizado por el ejecutivo al aprobar dicho instrumento.

 

El CPO presento esta acción de amparo – que es una garantía Constitucional contra la arbitrariedad del poder público- con la cual pretende anular el instrumento, porque no fue producto de consenso comunitario. También busca que no sea aplicada la guía en ningún proceso de consulta sobre alguna licencia o proyecto específico.

El CPO manifiesta que los derechos fundamentales como la consulta previa deben ser garantizados en el ejercicio del poder público para profundizar un Estado de Derecho y la democracia en el país.

 

La acción de amparo fue respaldada por autoridades comunitarias del occidente de Guatemala que tienen la responsabilidad de resguardar los bienes naturales de cada una de sus comunidades.

 

En asamblea deliberativa de pueblos que han desarrollado consultas comunitarias a nivel occidente de Guatemala el 11 de julio del 2017, se consensuo y analizo dicha guía impulsada por el gobierno actual. En dicha Asamblea se analizó y evaluó el instrumento que según consenso asambleario no representa en lo absoluto las demandas de los pueblos indígenas y no solo eso, sino también, atenta contra el ejercicio de los derechos de los pueblos, principalmente la autonomía y la libre determinación.

 

La “Guía Operativa para la Implementación de Consulta a Pueblos Indígenas” fue presentada el  18 de julio del 2017, con el objetivo de “contar con una guía para llevar a cabo consultas a pueblos indígenas sobre proyectos mineros e hidroeléctricos que se impulsen en su territorio”.

 

Según el análisis de la Comisión Jurídica del CPO, la guía presentada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene muchas falencias que facilitan la entrada de empresas nacionales e internacionales para la explotación de los bienes naturales vulnerando los derechos y territorios de pueblos indígenas.

 

El CPO afirma que la consulta previa a pueblos indígenas es un derecho fundamental de naturaleza colectiva que no fue garantizado por el ejecutivo al aprobar dicho instrumento.

 

El CPO presento esta acción de amparo – que es una garantía Constitucional contra la arbitrariedad del poder público- con la cual pretende anular el instrumento, porque no fue producto de consenso comunitario. También busca que no sea aplicada la guía en ningún proceso de consulta sobre alguna licencia o proyecto específico.

 

El CPO manifiesta que los derechos fundamentales como la consulta previa deben ser garantizados en el ejercicio del poder público para profundizar un Estado de Derecho y la democracia en el país

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