18 noviembre, 2019

LLamamos a un pacto de unidad

Ante la arremetida del sector empresarial oligárquico del país, en complicidad con los gobiernos de turno, en contra de los pueblos y la sociedad en general, a la opinión pública manifestamos:

 

 

1. Las corporaciones extractivistas tiene capturada la institucionalidad del Estado y algunos organismos del Estado en materia de derechos humanos; lo que está facilitando el nuevo despojo de los bienes naturales estratégicos, el control del territorio y la criminalización de la demanda de los pueblos.

 

2.   Todas y cada una de las licencias para la utilización de los ríos y otras fuentes para la generación de energía, así como las licencias para la explotación de minerales, son ilegales. Violan el principio de soberanía popular establecido en la Constitución Política de la República y el derecho a consulta y la libre determinación establecida en el convenio 169 de la OIT. En este sentido todas las resoluciones dictadas por los órganos del sistema de justicia que avalan las licencias mineras e hidroeléctricas, incluida la criminal resolución de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Oxec I y II son nulas; sólo reflejan el servilismo a las empresas neoliberales que saquean los bienes naturales que nos pertenecen a todos los ciudadanos y ciudadanas de todo el país.

 

3. Igualmente, criminal es la actuación intencionada y sistemática del Ministerio Público, que en complicidad y cooptadas por el sector empresarial neoliberal, persiguen penalmente a los líderes y lideresas de los pueblos y de las organizaciones sociales y de derechos humanos, por el hecho de defender intereses colectivos legítimos: la tierra, el territorio, los ríos, los bosques entre otros.

 

4.   Repudiamos la doble moral y la falta de ética del Ministerio Público, ya que por un lado su altas autoridades abogan por el pluralismo jurídico, dialogan con líderes indígenas y sociales, e “implementan” políticas de acceso a la justicia para los pueblos indígenas; pero en lo cotidiano persiguen a los líderes y lideresas comunitarios, mostrando burdos procesos penales que finalmente quedan en nada o casi nada, pero que sin embargo crean psicosis, miedo, desconfianza, rompimiento de los tejidos comunitarios, migración, entre otros. De esto sabemos en la Puya, San Juan Sacatepéquez, San Rafael, el Norte de Huehuetenango, San Marcos, Las Verapaces, y todo el país. Esto es criminal.

 

5.  En este momento histórico, especial atención merece la agresión cometida en contra del pueblo Q’eqchi de las riveras de los ríos Cahabon y Oxec, por parte de cinco “magistrados” titulares y cinco suplentes – por acción, omisión, cobardía o traición- de la Corte de Constitucionalidad, que, contradiciendo sus propias resoluciones, revocan un amparo otorgado, y una rastrera actitud, argumentan que es para “salvaguardar la inversión”. Es una farsa y un burdo chantaje del sector empresarial neoliberal del país y sus operadores criminales, que pretenden engañar bajo el argumento de la pérdida de empleos y el falso desarrollo, así como la amenaza de demandas internacionales si se suspenden los proyectos energéticos en construcción. Estas son las estructuras criminales de cuello blanco.

 

6.  La presentación del proyecto del Ley de Agua por parte del CACIF también forma parte de esta maquinaria de agresión que pretende controlar y privatizar el uso y manejo del agua.

 

7.   Igualmente nos causa indignación la complicidad de los organismos internacionales de derechos humanos, como la propia OIT, que de una manera solapada respaldan la presión que está ejerciendo este sector empresarial neoliberal porque se reglamente el derecho de consulta a los pueblos indígenas. Se está tergiversando el Convenio 169 indicando que las consultas no son vinculantes, cuando el mismo claramente establece: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de unan manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Artículo 6(2)). Condenamos la iniciativa de mala fe del Ministerio de Trabajo y sus operadores al pretender con sus estándares o reglamento, restringir, limitar y confundir el alcance del derecho fundamental de la consulta; pero sobre todo desconocer la participación pacífica y democrática de dos millones de personas que desde el 2005 hasta la fecha hemos decidido no al extractivismo en nuestros territorios.

 

8. Por tanto, llamamos a los Pueblos Maya, Xinca, Mestizo y Garífuna, y a todas aquellas personas y grupos democráticos, organizaciones sociales y de derechos humanos, a un PACTO DE UNIDAD, nos declaramos en asamblea permanente hasta transformar este sistema. No podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que defender nuestras vidas, la vida de los demás y la vida de las futuras generaciones. Llamamos a la articulación y lucha para hacer valer el poder popular. No podemos dejar que nos maten. No podemos dejar morirnos.

 

 

¡No a la reglamentación de la consulta sin consulta!

¡No a la privatización del agua!

¡No mas despojos!

 

 

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