18 noviembre, 2019

Postura de CPO frente a la negación y agresión contra el pueblo de San Juan La Laguna

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¡LA JUSTICIA DEL ESTADO SIRVE PARA SOMETER A LOS PUEBLOS INDÍGENAS!

¡NO LO PERMITAMOS MAS!

¡EL PUEBLO DE SAN JUAN LA LAGUNA EXISTE, TIENE DERECHOS Y MERECE RESPETO!

   

 

La doble cara farsante del Estado se mostró este lunes 3 de abril de 2017 en el territorio Tz’utujil y K’iche’ de San Juan La Laguna. El juez de Sentencia Penal de Sololá, Miguel Ángel Mata, condenó por coacción al ex-alcalde de San Juan La Laguna, señor Antonio Rodolfo Pérez y Pérez. Con esta sentencia volvemos a ver que el Estado no sabe nada ni quiere saber de pluralismo cultural y que persiste en doblegar a los pueblos originarios. La sentencia debe ser puesta a la vista de la Fiscal General para que explique por qué el Ministerio Público divulga discursos a favor de reconocer a las autoridades indígenas, pero al mismo tiempo en los meros territorios les niega su voluntad y las mete a la cárcel.

 

Con esa misma doble cara, negligencia e ignorancia actuó la Procuraduría de Derechos Humanos al calificar la decisión del pueblo de San Juan La Laguna como un acto de racismo, discriminación e intolerancia religiosa.  ¿Qué fue lo que decidió el pueblo? El 10 de agosto del 2014, en asamblea comunitaria, los pueblos Tz’utujil y K’iche’ de San Juan La Laguna discutieron con el Consejo de Ancianos y tomaron la decisión de pedir a unas 70 familias que integraban la comunidad ultra ortodoxa judía, recién llegadas en el primer trimestre de ese año, que se marcharan de sus tierras, que les daban una semana de plazo, y que en caso de no respetar esa decisión, se les suspendería el servicio de agua.  La asamblea comunitaria pidió al señor alcalde Antonio Rodolfo Pérez y Pérez que procediera conforme a esta decisión y él respetó esa voluntad, así se hizo, tal como es la costumbre.

 

La gente de San Juan La Laguna ya no podía convivir en armonía con la comunidad judía. Los dejó entrar, pero en muy corto tiempo, menos de seis meses, llegaron a este rincón del Lago de Atitlán más de 300 personas extranjeras, pagaron alquiler de casas por adelantado, pusieron sus cisternas y se hicieron de las calles del pueblo derrochando su “superioridad” sobre los “inditos”. La tensión no fue religiosa; ocurrió un desencuentro absoluto, se trastocó la vida cotidiana y comenzó un desequilibrio de poderes.  

 

Consumían demasiada agua, debían el agua que consumían, caminaban moviéndose para que se les cedieran el paso, no saludaban y no eran amistosos con los turistas que llegaban. Cuestionaron “al palo” que tenían en las iglesias, quisieron callar la música de funerales familiares, no cumplían con las normas de la basura y maltrataban a los perros.

 

La comunidad judía fue agresiva con las mujeres Tz’utujiles y K’iche’s. Nunca quisieron dar el dinero en la mano de las vendedoras. Les tiraban la paga de las verduras en los canastos y muchas veces regresaban a obligar a devolverla si encontraban más barato por otro lado. Con los pilotos de los tuc tuc hacían lo mismo o pagaban menos de lo convenido. Su prepotencia también llegó al extremo en el CAP del Ministerio de Salud porque no querían hacer cola, consumían muchos medicamentos, usaban equipos médicos sin permiso y maltrataban a las enfermeras y comadronas.

 

El ejército puso el flete para sacar los muebles de la comunidad judía. Y la Fundación Contra el Terrorismo fue la acusadora del ex-alcalde Pérez. Todo el Estado metido para poner la realidad al revés y castigar a los pueblos indígenas por racistas y genocidas. Desde hace siglos el Estado ha traído extranjeros para “mejorar” la sangre indígena, pero ahora llega al extremo de querer obligar a todo un municipio a aceptar los abusos de una comunidad extranjera que entró con dólares para manipular la vida de la gente y cuyos hombres fueron irrespetuosos de las mujeres del pueblo. ¿Qué somos nosotros para ellos? se han preguntado los ancianos.

 

Todas las autoridades indígenas de Guatemala debemos decirle al Estado que no puede seguir quitándonos nuestra libre determinación. Todas las autoridades indígenas de Sololá debemos unirnos frente a tanto ninguneo. No más despojos. Los pueblos indígenas somos sujetos de derechos colectivos. Las injusticias originarias son ya muchas para que ahora quieran aniquilar nuestras formas de gobierno comunitario que hemos cuidado por siglos.

 

En asamblea comunitaria el Consejo de Ancianos defendió su paz interna. San Juan La Laguna es un pueblo pacífico, abierto al turismo, abierto al pluralismo cultural. Apoyamos su decisión de no caminar hacia conflictos mayores.  Expresamos nuestro respeto al Consejo de Ancianos y al ex alcalde Pérez y reconocemos la valentía de San Juan La Laguna. Por eso, la sentencia ilegal y  miedosa del juez Miguel Ángel Mata tiene todo el tufo criollo que atraviesa nuestra sociedad y que nos impide respetar al derecho indígena. Esa sentencia castiga a todo el municipio, porque además manda procesar y castigar a todos los participantes de la asamblea comunitaria del 10 de agosto de 2014. Por esta razón alzamos fuerte y alto nuestras voces.

 

Una reformita constitucional no basta. Levantemos nuestros derechos de autogobierno y caminemos unidos para constituir un Estado Plurinacional. No queremos más a este Estado de doble cara. Queremos un nuevo derecho público que incluya y respete nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra libertad.

 

      

¡POR LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡GUATEMALA NECESITA UNA DEMOCRACIA MUNICIPAL RESPETUOSA DE NUESTRAS DECISIONES!

¡HACIA UN ESTADO PLURINACIONAL!

 

Consejo del Pueblo Maya

 

CPO

 

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