18 noviembre, 2019

Congreso de representantes de pueblos maya, xinka ante el Sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural

DECLARACION

Primer congreso de representantes de pueblos maya, xinka ante el Sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural

 

Reunidos los días Belejeb’ Kan y Lajuj Kame, representantes de los pueblos Maya Kiche, Qaqchikel, Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Mopan, Popti’, Mam, Sakapulteko, Uspanteko, Q’eqchi’, halchiteko, Tzutujil, Achi’, Pocomam, Sipakapense, Poqomchi’ y Pueblo Xinca, formalmente constituidos  entro del Sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural para analizar y discutir la realidad histórica y el momento actual que viven nuestros pueblos.

 

Estamos conscientes que nuestra participación en el Sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural constituye una muestra concreta de nuestra vocación de respetar la Constitución política de la República y las normas ordinarias de participación ciudadana.

 

Lamentamos que el espíritu con que fue pensado este sistema de participación ciudadana ha sido manoseado y manipulado por intereses politiqueros de los diputados y los gobiernos de turno. Los representantes de pueblos indígenas ante los CODEDE nos sentimos frustrados y hasta cierto punto utilizados, porque nuestra participación se da en condiciones adversas delineadas por las grandes desigualdades de oportunidades en la toma de decisiones.

 

Reiteramos que históricamente los pueblos originarios hemos sido sometidos a una sistemática y permanente agresión desde la invasión española; ahora, estamos enfrentando un nuevo despojo de nuestros territorios en nombre del progreso y del desarrollo ajeno. Este nuevo despojo, se enmarca en la implementación del modelo extractivista que facilita y garantiza la incursión de empresas nacionales y transnacionales para acaparar nuestros bienes naturales y patrimoniales como: el agua, los minerales metálicos preciosos, la mercantilización de la madre tierra. La imposición de actividades mineras, hidroeléctricas, monocultivos y agroindustrias han violado sistemáticamente el derecho fundamental a la consulta previa e informada, el derecho a la vida y el territorio, entre otros, además de provocar división y conflictividad social en las comunidades.

 

Lamentamos que las instituciones de gobierno y organismos de Estado sientan como amenaza las acciones justas, pacíficas, legítimas y democráticas que nuestros pueblos originarios han ejercido en demanda de sus derechos como las consultas comunitarias y que su respuesta sea la criminalización de las luchas sociales, la persecución penal y política contra dirigentes, la deslegitimación y descalificación de nuestros dirigentes y la militarización de los territorios.

 

Como consecuencia de lo anterior, se han profundizado las agresiones del Estado y empresas

extractivas en contra de hermanos hermanas de la Puya, de San Juan Sacatepequez, de Barillas, de San Mateo Ixtatan, de Sipacapa, del Polochic, San Rafael las Flores y entre otros casos. También son muestra de la incapacidad de mediación e interlocución de los funcionarios y empleados públicos, que lo único que han generado son una serie de conflictos sociales, secuestros, tortura y asesinatos de líderes y lideresas.

 

Vemos con indignación que los gobiernos de turno privilegian los intereses de las empresas extranjeras sobre los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Para limpiar su imagen el gobierno ha implementado espacios ilegítimos como el Sistema Nacional de Dialogo, El Gabinete de Pueblos Indígenas e nterculturalidad; que tienen como objetivo fundamental desgastar y deslegitimar las demandas de nuestros pueblos.

 

Nos preocupa profundamente el retroceso de la incipiente democracia en nuestro país, la acelerada militarización de los organismos del Estado, y la incapacidad estatal de cumplir con su compromiso internacional de garantizar derechos humanos, llegando al extremo de negar el GENOCIDIO en nuestro país.

 

Por lo anterior, DECLARAMOS

1. Que los organismos del Estado de Guatemala son violadores de la Constitución    

Política de la República y de Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos porque están negando el derecho a la vida, al territorio, a la Consulta entre algunos.

 

2. Desaprobamos las medidas administrativas, judiciales y legislativas arbitrarias que los organismos del Estado han implementado a espaldas de nuestros pueblos como la autorización de megaproyectos si consulta, la judicialización de las demandas políticas, la reciente Ley de Telecomunicaciones en Centros de Privados de Libertad e Infraestructura de Fibra Optica Decreto Número 12-2014, entre otras.

 

3. Desconocemos el Plan de Desarrollo Nacional Katun 2032 por ser una medida

administrativa de exterminio de nuestros pueblos; ajeno a nuestra cosmovisión y a los intereses de nuestros pueblos, más bien constituye una utilización de nuestros elementos culturales para legalizar el modelo económico Corporación-Nación.

 

4. Que el Sistema Nacional de Dialogo, el Gabinete de Pueblos Indígena Interculturalidad son instituciones impuestas para manipular y tergiversar las demandas de los pueblos originarios.

 

En consecuencia de lo anterior, nos comprometemos a no traicionar la voluntad de nuestras

Comunidades y pueblos. Seguiremos levantando la voz para exigir respeto a nuestros derechos históricamente pisoteados y la demanda de una democracia real y participativa.

 

 

Dado en Iximule, 31 de mayo de 2014.

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