¿El dinero o la vida?
La Constitución Política de Guatemala sienta las bases para la protección de la persona, el bien común, la vida y la paz. Por su lado, la Ley General de Electricidad se fundamenta en el mismo documento, cuyo artículo 129 declara como urgencia nacional la electrificación del país, proceso en el cual puede participar la iniciativa privada con la rectoría del Estado y las Municipalidades. Una vez alcanzada la meta de proveer electricidad a toda la población, se estaría materializando ese principio constitucional. Sin embargo, esta meta no ha sido alcanzad. Y no precisamente por la falta de generación de energía. Guatemala se ha convertido en el principal exportador de electricidad de Centroamérica.
Sus excedentes demuestran que el país produce energía como para proveer electricidad a todo su territorio. De hecho, las plantas generadoras actuales son suficientes para cubrir la demanda de la población actual. ¿Existe entonces contradicción entre los principios constitucionales y las leyes que regulan el actual modelo energético de Guatemala? Sí.
La intención subyacente de la actual Ley General de Electricidad nunca ha sido el desarrollo social y económico del país; sino dotar con una herramienta legal al sector privado para explotar los bienes comunes naturales a sus anchas. Bajo el argumento de las energías renovables y el cambio climático, se esconde un modelo energético que pone en choque al sector privado nacional y transnacional con los derechos fundamentales de los pueblos, el territorio y el medio ambiente.
¿Pesa más el enriquecimiento ilimitado de inversionistas basado en el uso acaparador del agua de los ríos y territorios, o el derecho de los pueblos a proteger los recursos naturales de los cuales depende la vida? La respuesta es obvia. Y atenidos a la Constitución y los convenios ratificados por Guatemala, la respuesta es la misma: no.
El modelo energético actual se apartó del mandato constitucional y lo distorsionó hacia una explotación sin límites de las fuentes renovables de energía.
Por eso hoy es necesario superar el modelo actual con una institucionalidad que combata la violación de los derechos fundamentales colectivos, con planes de producción de energía enlazados a caminos de desarrollo humano, con un Estado, municipalidades y pueblos que funcionen como rectores de los planes energéticos.
Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito jurídico. Benito Morales.
En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.
¡Un nuevo modelo energético, un nuevo proyecto político!
Un nuevo modelo energético debe ser el centro de una economía plural y solidaria para superar la pobreza y la desigualdad en Guatemala. La energía es el eje transversal de una política pública mejor encaminada porque es la base fundamental de todas las actividades sociales y productivas. Lograrlo exige la voluntad y el interés de legislaturas conscientes que promuevan las reformas necesarias desde un enfoque de desarrollo entendido como buen vivir. La generación de energía por fuentes renovables debe satisfacer las necesidades de la población guatemalteca, esto conlleva replantear la Ley de Electricidad y la actual política energética del país. Para que un nuevo modelo energético sea posible y sostenible, necesitamos declarar la energía un derecho humano y un servicio público accesible: Un patrimonio de todas y todos, no una mercancía de pocos.
Las y los guatemaltecos no pueden seguir acreditando fondos a empresas privadas por medio de un subsidio sin beneficio claro para la población.
Y el cobro ilegal del alumbrado público requiere una intervención jurídica y política para establecer responsabilidades. Poner freno a la privatización de los recursos públicos necesariamente incluye cambios en la legislación nacional como la Ley de Electricidad y Ley de Aguas. Esto solo será posible con mayor representatividad en el Congreso. Los ecosistemas y la sociedad esperan con ansias un modelo energético respetuoso con los derechos fundamentales de todos los pueblos y el medio ambiente.
Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito económico. Francisco Rocael.
En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.
¡Las gotas de esperanza!
La democratización de la energía eléctrica en las condiciones gubernamentales actuales de Guatemala no se podrá realizar desde el mismo Estado.
Ante este panorama, hay que pensar en alternativas para la construcción de una verdadera soberanía energética que conecte a todas y todos los guatemaltecos al desarrollo: Los pueblos proponen fortalecer la soberanía comunitaria y territorial, y a largo plazo, alcanzar la posibilidad de construir un país donde todas y todos estén representados.
En el camino, necesitamos más formación crítica, conectar saberes y conocimientos, activar una democracia participativa y accionar colectivamente,
porque Guatemala es un país rico en bienes comunes naturales y prácticas comunitarias que saben preservarlos. No obstante, las fuentes de energía pierden su carácter renovable debido a la gran presión que sufren ellas y la población. La fuerza de alternativas al modelo de desarrollo actual está precisamente en la diversidad del país: diversidad de fuentes de energía renovable, diversidad biológica, diversidad de pueblos, de mujeres y hombres.
La transición energética en Guatemala tiene una gran ventaja: es la población guatemalteca la mayor consumidora de energía, de modo que es quien puede ejercer mayor presión para el cambio.
Algunos de estos procesos van desde consolidar las cuentas energéticas nacionales y generar acceso a información fiel que sustente la toma de decisiones,
hasta contabilizar las externalidades del sector energético,asegurando que el rol de las instituciones garantice los derechos de la población y el cuidado de los ecosistemas, antes que ser solo benefactores de las grandes empresas. Guatemala necesita establecer verdaderos mecanismos de participación pública para garantizar que la energía renovable sea mejor manejada que en la actualidad. Impulsar el buen vivir requiere desconcentrar de pocas manos privadas la producción energética y acabar con una economía de despojo.
Solo así se reducirá la inequidad, la conflictividad social y los fuertes impactos negativos que el actual modelo energético ejerce sobre el ambiente.
Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito socioambiental. Anne Bordatto.
En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.
¡Un entramado legal que genera miseria!
La influencia política del dinero en el mundo cobró auge alrededor de los años setenta, cuando el modelo neoliberal obtuvo el control total del mercado y se afianzó la idea del enriquecimiento ilimitado. Servicios y bienes públicos pasaron a manos de corporaciones, reduciendo a los estados a instrumentos de los intereses privados bajo una apariencia democrática.
Guatemala no se quedó al margen: el control político del Estado y la sociedad como garantía de un modelo económico explotador generó treinta y seis años de conflicto armado. En los años noventa se consolidaron las condiciones para el ingreso en gran escala del capital corporativo transnacional.
Se privatizaron servicios y empresas estatales, cuya consecuencia fue la desprotección laboral y proliferación de negocios ilícitos desde la corrupción y el crimen organizado. La generación de energía eléctrica tampoco fue inmune a esta tendencia. Al desnacionalizarse la economía, la concentración del capital en manos privadas fortaleció a un sistema económico excluyente que genera miseria. En el contexto jurídico, una serie de cambios normativos en el sistema energético evidenció los privilegios adquiridos por el capital privado.
Este hecho impactó en la economía tradicional del país al no poder sostener los nuevos costos de la energía eléctrica. Surgieron así programas como el Plan K’atun 2032, el Plan Nacional de Energía 2017-2032 y la Política Energética 2013-2027, planes afianzados en el potencial eléctrico de Guatemala, gracias a su posición geográfica y una topografía y riqueza hídrica favorables. Bajo los principios de sostenibilidad, adaptación al cambio climático, desarrollo tecnológico y competitividad por medio de las energías limpias, estos planes maquillan un mismo tipo de desarrollo privado que hoy ve en el agua el medio de producción de energía más idóneo. Sin embargo, en la práctica, estos planes no reflejan la búsqueda del bien común, sobre todo en las comunidades situadas en las áreas de influencia de los proyectos.
Un ejemplo es Alta Verapaz, la región que concentra el mayor número de hidroeléctricas y licencias de explotación de los bienes comunes naturales,
pero donde, paradójicamente, existen mayores carencias en el acceso al sistema de energía eléctrica. Estos planes de “desarrollo” siguen colocando al sector privado en primer plano, relegando al último lugar a las comunidades y a la población civil organizada, etiquetándolas de opositores al progreso,
tergiversando el sentido del derecho de la consulta y criminalizando a quienes defienden el territorio y la vida.
Mientras tanto, la conflictividad social aumenta en el mapa.
Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito jurídico. Benito Morales.
En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.
¡La verdad siempre sale a la luz!
La producción de energía eléctrica en Guatemala podría satisfacer a toda su población, sin embargo no lo hace y prioriza la exportación de este servicio. Este modelo energético, ¿realmente apunta al desarrollo integral del país?
El modelo del mercado energético de Guatemala ha estado al servicio de un Estado oligárquico y capital transnacional, resultado de un proceso histórico de despojo de los bienes públicos por medio de monopolios que favorecen a los intereses de compañías extranjeras. El verdadero robo de la electricidad en Guatemala proviene de una historia de negocios fraudulentos que derivaron en la privatización de la energía en 1993, cuando inició la venta de los bienes públicos al mejor postor.
Desde la óptica empresarial, este ha sido un modelo de mercado exitoso, pero para Guatemala ha significado atraso en el desarrollo social y deterioro de sus recursos naturales. Actualmente, la política energética vigente del país vuelve a priorizar la producción de energía solo para satisfacer las demandas de las industrias y el mercado regional. De nuevo, los “planes de desarrollo” son instrumentos para implementar modelos extractivos con la bandera de la modernización y la competitividad. Son, más que instrumentos de política pública, planes de inversión de las élites económicas. El gran potencial energético renovable de Guatemala se ha convertido en un negocio rentable para “inversiones” del sector privado, algo que los gobiernos han fallado en regular para beneficio público. La generación de energía en el país es formidable y presenta un excedente del 60%, abasteciendo el 19% del mercado regional. Pese a ello, el servicio de energía eléctrica para las y los guatemaltecos es deficiente. La imposición de este modelo ha generado también una serie de luchas territoriales en defensa de los ríos y en reclamo de derechos violados como las consultas. Es aquí donde cobra sentido la lucha y posicionamiento político de los pueblos, quienes defienden sus territorios y derechos fundamentales al resistirse al pago de tarifas de energía eléctrica arbitrarias, facturas alteradas, cobros de alumbrado público, represión y judicialización.
La magnitud del problema es enorme, por lo menos 160 000 de los 1,6 millones de usuarios de Energuate están en resistencia. Cuestionan al actual modelo energético e insisten en la nacionalización de la energía en Guatemala. Pero dicha nacionalización no será suficiente si no se transforma el modelo de desarrollo, el Estado y se incluye la participación de todos los pueblos en el proceso.
Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito económico. Francisco Rocael.
En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.
¡Un modelo energético a costa del ambiente y la población!
El sistema energético de Guatemala es un modelo extractivista que considera los bienes comunes naturales como infinitos y privilegia las ganancias sobre la accesibilidad y calidad del servicio. Bajo el argumento de la inversión, la privatización del sector eléctrico ha resultado en un nuevo modelo de despojo.
Guatemala es un país con un alto potencial en energía renovable. La hidroelectricidad es la tercera fuente de energía, sin embargo, su implementación ha generado impactos negativos en las comunidades y el ambiente. Los pueblos consideran que el sistema energético actual no mejora la calidad de vida de la gente.
Se ha convertido en una máquina de extracción de recursos. Para transformar este modelo energético en uno participativo y eficiente, serán necesarias mayor transparencia y acceso a la información pública sobre la situación y disponibilidad de los recursos ambientales, recuperar el valor de uso de la energía como un derecho y un servicio, y no como una mercancía, y construir una sociedad más informada y participativa, con espacios de discusión como asambleas y consultas para formular alternativas que recojan una visión compartida del territorio y la energía.
Solo un tejido social y organizado garantiza utilizar sabia y justamente la capacidad energética de Guatemala y así conectar al país a la posibilidad de un verdadero desarrollo de todas las personas.
Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito socioambiental. Anne Bordatto.
En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.
¡Un negocio privado!
Guatemala es el principal exportador de energía eléctrica en Centroamérica. El 69% es energía renovable, suficiente para satisfacer la demanda de toda la población.
Pero ese potencial no se refleja en la calidad del servicio que ésta recibe. La política energética del país está diseñada para obedecer y favorecer a las grandes industrias privadas que acaparan su producción y distribución. Un negocio fraudulento que ha instrumentalizado al Estado, con graves contradicciones y abusos de poder que generan problemas ambientales y conflictividad social. En este contexto, desde los pueblos han surgido movimientos de oposición al actual modelo energético, una oposición que no se debe a “la ignorancia de grupos manipulados por opositores al desarrollo.”
Los pueblos saben que la diversificación y transición energética a fuentes renovables es necesaria. Pero la idea de “desarrollo” necesita una nueva narrativa, una narrativa que no se base en la acumulación desmedida, el sometimiento de comunidades y el consumo ilimitado de recursos limitados,
sino que impulse el bienestar social y el equilibrio natural. La energía, como servicio de calidad que se presta y no como mercancía obsoleta que se compra, debe servir a las necesidades de la gente, responder a sus derechos fundamentales y permitir que el verdadero desarrollo humano y social tenga la oportunidad de producirse. La energía es fundamental para el buen vivir de los pueblos, quienes plantean acciones básicas y rutas claras para la construcción de un nuevo modelo energético: como un debate nacional que impulse diálogos profundos para consensuarlo desde y para la pluralidad de los pueblos que conforman Guatemala y como un eje transversal de políticas públicas que enciendan la luz.
El actual modelo energético de despojo se sostiene en un marco legal e institucional hecho a la medida de operadores privados. Los pueblos proponen que la energía sea declarada un derecho humano y un servicio accesible a todas y todos. Porque un nuevo modelo energético debe restablecer las responsabilidades del Estado hacia los guatemaltecos.
Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito económico. Francisco Rocael.
En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.
¡Un modelo energético que alimenta la desigualdad!
La energía es el impulso de trabajo, el movimiento y el cambio. Es vida.
La energía de la naturaleza, la energía productiva y la energía social dependen de un equilibrio muy frágil. Lamentablemente, el modelo económico dominante menosprecia la vida y el trabajo humano, especialmente el trabajo de las mujeres. Y produce desequilibrios planetarios de todo tipo. La administración de la energía eléctrica en Guatemala no es la excepción. Más que un servicio accesible a todas y todos, es un negocio trasnacional.
Bajo la lógica de “quien controla la energía, controla la economía” ha frenado el desarrollo humano del país. Guatemala ofrece a las trasnacionales uno de los regímenes de inversión desregulada más abiertos del mundo. El 60% de esa inversión se concentra en minería, agroindustria de combustibles e hidroelectricidad. Una expansión que no impulsa el desarrollo sino agudiza la vulnerabilidad alimentaria al normalizar el despojo de tierras. Esto, gracias a un engranaje de impunidad para operar sin la debida diligencia ambiental, violando los derechos humanos y colectivos, especialmente de los pueblos indígenas.
Por eso se puede decir que la electricidad en Guatemala es un motor de privilegios y desigualdad. El poder financiero privado monopolizó cada fase de la producción y controla todo el modelo energético gracias a alianzas público-privadas ambiguas y oscuras en detrimento de impulsar planes de electrificación rural o la gestión sustentable de la energía. Mientras tanto, es la ciudadanía quien apalanca sus ganancias a cambio de un servicio deficiente o incluso nulo. Esto no sería posible sin una institucionalidad corrupta, negligente y arbitraria sustentada en el tráfico de influencias. Sin catastro ambiental ni herramientas locales, al Estado no le interesa registrar y saber sobre su biodiversidad y el grado de dependencia de las poblaciones a los bienes naturales comunes.
Tampoco existe información fidedigna de los proyectos energéticos (cuánta agua usan, como manejan caudales, suelos, residuos, etc.), a modo de vigilar sus operaciones. Estas práctica maliciosas destruyen la cohesión social, desatienden e incluso criminalizan las consultas ciudadanas, o reprimen y judicializan a la oposición. Convertidas el agua y la energía en mercancía, son las poblaciones locales y dentro de ellas, las mujeres, quienes están asumiendo un alto porcentaje de los costos y consecuencias.
Por eso las comunidades sostienen que el engranaje que captura el agua, la luz y la vida en Guatemala es criminal y debe ser desmontado.
Fuente: Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. San Marcos, Guatemala: COPAE, 2019, 173 p.