Los dólares que todos los meses fluyen hacia las casas y comunidades indígenas alrededor del país gracias al esfuerzo y sacrificio de miles de migrantes ayudan, entre muchas otras cosas, a compensar la inexistencia de un Estado que debería proteger los precios de los productos agrícolas y de otras industrias, invertir en educación, salud e infraestructura, y no favorecer monopolios. En fin, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todos y todas. Pero ¿Qué pasaría si este flujo que en 2019 representó casi el 14% del PIB de la economía –si puede llamarse economía a lo de Guatemala– sufriera una caída (20%) por causa de la pandemia como se observa?