12 noviembre, 2019

LaLuzEsUnDerecho

¡La verdad siempre sale a la luz!

La producción de energía eléctrica en Guatemala podría satisfacer a toda su población, sin embargo no lo hace y prioriza la exportación de este servicio. Este modelo energético, ¿realmente apunta al desarrollo integral del país?

El modelo del mercado energético de Guatemala ha estado al servicio de un Estado oligárquico y capital transnacional, resultado de un proceso histórico de despojo de los bienes públicos por medio de monopolios que favorecen a los intereses de compañías extranjeras. El verdadero robo de la electricidad en Guatemala proviene de una historia de negocios fraudulentos que derivaron en la privatización de la energía en 1993, cuando inició la venta de los bienes públicos al mejor postor.

Desde la óptica empresarial, este ha sido un modelo de mercado exitoso, pero para Guatemala ha significado atraso en el desarrollo social y deterioro de sus recursos naturales. Actualmente, la política energética vigente del país vuelve a priorizar la producción de energía solo para satisfacer las demandas de las industrias y el mercado regional. De nuevo, los “planes de desarrollo” son instrumentos para implementar modelos extractivos con la bandera de la modernización y la competitividad. Son, más que instrumentos de política pública, planes de inversión de las élites económicas. El gran potencial energético renovable de Guatemala se ha convertido en un negocio rentable para “inversiones” del sector privado, algo que los gobiernos han fallado en regular para beneficio público. La generación de energía en el país es formidable y presenta un excedente del 60%, abasteciendo el 19% del mercado regional. Pese a ello, el servicio de energía eléctrica para las y los guatemaltecos es deficiente. La imposición de este modelo ha generado también una serie de luchas territoriales en defensa de los ríos y en reclamo de derechos violados como las consultas. Es aquí donde cobra sentido la lucha y posicionamiento político de los pueblos, quienes defienden sus territorios y derechos fundamentales al resistirse al pago de tarifas de energía eléctrica arbitrarias, facturas alteradas, cobros de alumbrado público, represión y judicialización.

La magnitud del problema es enorme, por lo menos 160 000 de los 1,6 millones de usuarios de Energuate están en resistencia. Cuestionan al actual modelo energético e insisten en la nacionalización de la energía en Guatemala. Pero dicha nacionalización no será suficiente si no se transforma el modelo de desarrollo, el Estado y se incluye la participación de todos los pueblos en el proceso.

Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito económico. Francisco Rocael.

En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.

¡Un modelo energético a costa del ambiente y la población!

El sistema energético de Guatemala es un modelo extractivista que considera los bienes comunes naturales como infinitos y privilegia las ganancias sobre la accesibilidad y calidad del servicio.  Bajo el argumento de la inversión, la privatización del sector eléctrico ha resultado en un nuevo modelo de despojo.

Guatemala es un país con un alto potencial en energía renovable. La hidroelectricidad es la tercera fuente de energía,  sin embargo, su implementación ha generado impactos negativos en las comunidades y el ambiente. Los pueblos consideran que el sistema energético actual no mejora la calidad de vida de la gente.

Se ha convertido en una máquina de extracción de recursos. Para transformar este modelo energético en uno participativo y eficiente, serán necesarias mayor transparencia y acceso a la información pública sobre la situación y disponibilidad de los recursos ambientales, recuperar el valor de uso de la energía como un derecho y un servicio, y no como una mercancía, y construir una sociedad más informada y participativa, con espacios de discusión como asambleas y consultas para formular alternativas que recojan una visión compartida del territorio y la energía.

Solo un tejido social y organizado garantiza utilizar sabia y justamente la capacidad energética de Guatemala y así conectar al país a la posibilidad de un verdadero desarrollo de todas las personas.

Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito socioambiental. Anne Bordatto.

En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.

¡Un negocio privado!

Guatemala es el principal exportador de energía eléctrica en Centroamérica. El 69% es energía renovable, suficiente para satisfacer la demanda de toda la población.

Pero ese potencial no se refleja en la calidad del servicio que ésta recibe. La política energética del país está diseñada para obedecer y favorecer a las grandes industrias privadas que acaparan su producción y distribución. Un negocio fraudulento que ha instrumentalizado al Estado, con graves contradicciones y abusos de poder que generan problemas ambientales y conflictividad social. En este contexto, desde los pueblos han surgido movimientos de oposición al actual modelo energético, una oposición que no se debe a “la ignorancia de grupos manipulados por opositores al desarrollo.”

Los pueblos saben que la diversificación y transición energética a fuentes renovables es necesaria. Pero la idea de “desarrollo” necesita una nueva narrativa, una narrativa que no se base en la acumulación desmedida, el sometimiento de comunidades y el consumo ilimitado de recursos limitados,

sino que impulse el bienestar social y el equilibrio natural. La energía, como servicio de calidad que se presta y no como mercancía obsoleta que se compra, debe servir a las necesidades de la gente, responder a sus derechos fundamentales y permitir que el verdadero desarrollo humano y social tenga la oportunidad de producirse. La energía es fundamental para el buen vivir de los pueblos, quienes plantean  acciones básicas y rutas claras para la construcción de un nuevo modelo energético: como un debate nacional que impulse diálogos profundos para consensuarlo desde y para la pluralidad de los pueblos que conforman Guatemala y como un eje transversal de políticas públicas que enciendan la luz.

El actual modelo energético de despojo se sostiene en un marco legal e institucional hecho a la medida de operadores privados. Los pueblos proponen que la energía sea declarada un derecho humano y un servicio accesible a todas y todos. Porque un nuevo modelo energético debe restablecer las responsabilidades del Estado hacia los guatemaltecos.

Fuente: Propuesta al modelo energético nacional enfocado en el ámbito económico. Francisco Rocael.

En Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. Comisión Paz y Ecología COPAE, Guatemala, 2019.

¡Un modelo energético que alimenta la desigualdad!

La energía es el impulso de trabajo, el movimiento y el cambio. Es vida.

La energía de la naturaleza, la energía productiva y la energía social dependen de un equilibrio muy frágil. Lamentablemente, el modelo económico dominante menosprecia la vida y el trabajo humano, especialmente el trabajo de las mujeres. Y produce desequilibrios planetarios de todo tipo. La administración de la energía eléctrica en Guatemala no es la excepción. Más que un servicio accesible a todas y todos, es un negocio trasnacional.

Bajo la lógica de “quien controla la energía, controla la economía” ha frenado el desarrollo humano del país. Guatemala ofrece a las trasnacionales uno de los regímenes de inversión desregulada más abiertos del mundo. El 60% de esa inversión se concentra en minería, agroindustria de combustibles e hidroelectricidad. Una expansión que no impulsa el desarrollo sino agudiza la vulnerabilidad alimentaria al normalizar el despojo de tierras. Esto, gracias a un engranaje de impunidad para operar sin la debida diligencia ambiental, violando los derechos humanos y colectivos, especialmente de los pueblos indígenas.

Por eso se puede decir que la electricidad en Guatemala es un motor de privilegios y desigualdad. El poder financiero privado monopolizó cada fase de la producción y controla todo el modelo energético gracias a alianzas público-privadas ambiguas y oscuras en detrimento de impulsar planes de electrificación rural o la gestión sustentable de la energía. Mientras tanto, es la ciudadanía quien apalanca sus ganancias a cambio de un servicio deficiente o incluso nulo. Esto no sería posible sin una institucionalidad corrupta, negligente y arbitraria sustentada en el tráfico de influencias. Sin catastro ambiental ni herramientas locales, al Estado no le interesa registrar y saber sobre su biodiversidad y el grado de dependencia de las poblaciones a los bienes naturales comunes.

Tampoco existe información fidedigna de los proyectos energéticos (cuánta agua usan, como manejan caudales, suelos, residuos, etc.), a modo de vigilar sus operaciones. Estas práctica maliciosas destruyen la cohesión social, desatienden e incluso criminalizan las consultas ciudadanas, o reprimen y judicializan a la oposición. Convertidas el agua y la energía en mercancía, son las poblaciones locales y dentro de ellas, las mujeres, quienes están asumiendo un alto porcentaje de los costos y consecuencias.

Por eso las comunidades sostienen que el engranaje que captura el agua, la luz y la vida en Guatemala es criminal y debe ser desmontado.

Fuente: Estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental. San Marcos, Guatemala: COPAE, 2019, 173 p.