¡Para cambiar hay que quitarles poder!
Durante los últimos dos meses se ha escuchado un tenso silencio en las noticias políticas. La CICIG fue desarticulada impunemente por el presidente Morales; el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, es ahora un campante soplón para ayudar en la fuga de corruptos; la Fiscal Porras Argueta descabezó investigaciones estratégicas contra las redes corruptas que tienen el control del Estado; la mayoría de las cortes de justicia aumentan su cobardía y sucumben al tráfico de influencias; el Tribunal de Mayor Riesgo B dejó libre al asesino Mauricio Rodríguez Sánchez y abusivamente se atrevió a no publicar en la sentencia el voto disidente razonado de la jueza Sara Yoc, quien estuvo en contra de la absolución; mientras casi todos los diputados en el Congreso siguen blindándose y concentran ahora su prioridad en elegir a la Junta Directiva para el 2019. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil hacer justicia para castigar la corrupción en Guatemala?
Qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil hacer justicia para castigar la corrupción en Guatemala?
Este año 2018 ha sido un año de terremotos para la vieja oligarquía y sus mafias civiles y militares. Estos grupos poderosos han vivido fuerte sacudidas que no les han arrebatado su poder, pero sí los están llevando a fabricar un discurso de cambio que no cambiará nada. La CICIG hizo que el poder de la oligarquía temblara hasta provocar su furia desesperada. El primer gran golpe fue en 2015, al mostrar evidencias de las redes criminales vinculadas a Pérez Molina. Ese acto de justicia los empezó a desmantelar, pero sólo descubrió la punta del hilo que pudre al Estado.
Este año, tras impulsar el desafuero del finquero racista y manipulador Álvaro Arzú y al acusar por financiamiento ilícito a cinco multimillonarios dueños principales de la banca nacional (Felipe Bosch, Fraterno Vila, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte y José Guillermo Castillo), la CICIG nos demostró que la corrupción tiene un vínculo estrecho con la historia de la economía política y de la estructura del Estado guatemalteco, tal verdad, zarandeó a la oligarquía hasta llevarla a instruir a su títere, el presidente Morales, y a sus achichincles (mozos) fundamentalistas de extrema derecha, a que hicieran lo que ya todo el mundo sabemos que hicieron: deshacerse de la CICIG y dar un giro completo al timón.
Este es el momento en el cual le están dando giro al timón
Este es el momento en el cual le están dando giro al timón. Y eso ocurre en un terreno pantanoso y peligroso para ellos mismos, por dos razones fundamentales:
1º. Primero, porque la oligarquía y su ejército son los portadores del virus de la corrupción. En sus vientres está el germen de la corrupción, por lo que son incapaces de curarse y de curar al sistema. El modelo de gobierno nacional se caracteriza porque esas pocas familias acumulan capital como vividoras de una economía organizada para el saqueo de tierras, recursos y trabajo. La extrema pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, el mal empleo, las migraciones y la absoluta ausencia de respaldo a la economía campesina, no son males provocados por la política y los politiqueros: son problemas que vienen de la sobreexplotación, con la cual la oligarquía ha vivido impune; y son problemas creados desde hace siglos porque armaron un Estado para cuidar sus privilegios y decidido a matar de hambre o con guerras a nuestra gente, la mayoría indígena. Ahora sí quieren que sepamos leer y escribir, pero su alma corrupta es incapaz de dar un solo centavo en impuestos para transformar de raíz la educación y la salud pública.
2º. La segunda, porque jamás han construido consensos, ni consentimientos, ni base social arraigada en una cultura democrática, convirtiendo la política en un mercado oportunista. No tienen seguidores, pero tampoco han querido ciudadanías. Lo que tienen y aceptan son sirvientes. Han cultivado súbditos. Jamás han aceptado la igualdad de derechos. Nunca han propiciado procesos serios para fortalecer las ciudadanías o los postulados de los Estados modernos. Hasta hoy, se sigue negando la ciudadanía colectiva de los pueblos indígenas. Siempre han mangoneado a los partidos para sacar raja para su matate. Lo que les queda es hacer borrón y cuenta nueva con habladurías para la unidad y el progreso social y, una vez más, tratarán de engatusar a la clase media urbana y ladina buscando votos con el partido que aún no tienen. Por tanto, volverán a meter pisto en las elecciones 2019.
El giro al timón, entonces, está lleno de riesgos para la oligarquía misma, dado que es el grupo más miope para cultivar una democracia real. Pero básicamente ese giro consiste en impulsar dos estrategias:
a) Convertir esta crisis en una oportunidad inmediata con las elecciones de 2019 para influir en una opción partidaria que eleve el discurso de reformas estratégicas en la política y los represente en el Congreso y el Ejecutivo, dejando intactos los grandes nudos de la economía, como la destrucción de la salud pública, los abusos laborales, los despojos de tierras, el robo y contaminación del agua, el control del crédito productivo, los privilegios fiscales, la desarticulación de la economía campesina y, sobre todo, la negación a los pueblos indígenas a decidir el desarrollo que quieran para sus territorios. El año 2020 será clave para montar desde el Congreso la re-conversión rural en Guatemala y para seducirnos con la idea de que el “progreso” pasa porque empecemos a decir: “I speak English”.
b) Prepararse para convocar a una Asamblea Constituyente bajo su control. Hacer reformas mínimas en términos de modernizar al Estado y obligarlo a una mejor rendición de cuentas, temas reclamados ciertamente por toda Guatemala. Pero quieren una Asamblea Constituyente para que el municipalismo sirva a su lógica de urbanización neoliberal y se impongan candados a los derechos de los pueblos indígenas que defienden la vida en sus territorios.
Ahora todo se vuelve a negociar debajo de agua en busca de delfinas o delfines que levanten en las elecciones 2019 el discurso de la rendición de cuentas, escondiendo que no quieren cambios estructurales.
El CPO hace un llamado a todas las comunidades indígenas de Guatemala, vivan aquí o afuera del país, para levantarnos en la defensa de nuestras necesidades esenciales, las mismas que han sido pisoteadas por siglos. Necesitamos fuerza, perseverancia y estrategia, las mismas tres virtudes que hicieron ganar a Alfredo Ajpacajá, campeón de la 58 Vuelta Ciclística a Guatemala 2018. Como dijo Ajpacajá: «nos caemos, nos levantamos, nos volvemos a levantar hasta ganar». Ajpacajá enseñó que no se gana por chiripazo. Se gana con lucha, estrategia y esfuerzo.
¿Y qué queremos ganar?
¿Y qué queremos ganar? Queremos ganar nuestro derecho a ser pueblos indígenas en libertad y sin racismo. Queremos ganar dignidad, libertad, paz, capacidades, oportunidades, escuelas y hospitales a nuestro alcance y sin racismo; nuestros idiomas en todos los servicios públicos; respeto real a nuestras autoridades y a nuestra justicia; respeto a nuestras comadronas y a nuestras tejedoras; que nos devuelvan las tierras robadas, queremos mercados y empresas bajo nuestro control; salarios dignos; que se vayan los ladrones del agua y de la electricidad; podemos crear nuestras propias micro-hidroeléctricas. Podemos crear nuestros propios encadenamientos productivos, sin los oligarcas y politiqueros ladrones.
Pongamos condiciones en las elecciones 2019
Pongamos condiciones en las elecciones 2019. Que no nos engatusen con sus nuevos discursos contra la corrupción. Vayamos mejor con nuestros propios representantes a las Municipalidades y al Congreso y seamos los pueblos indígenas los dueños de nuestra propia voz y nuestros propios sueños. Que no nos vuelvan a engañar en las próximas elecciones. Esta es la lección más grande de 2018.
¡Por los derechos de los pueblos indígenas en cada municipio!
¡Queremos un Congreso que levante los derechos de los pueblos indígenas!
¡Por una Asamblea Plurinacional Constituyente!
CONSEJO DEL PUEBLO MAYA
-CPO-