En Guatemala la información pública sirve para despojar y matar
El XII Censo de Población que se realiza ahora, por primera vez reconoce la diversidad de pueblos que existen en Guatemala y concede el derecho a expresar con qué pueblo se identifica cada persona. Este reconocimiento es paso de hormiga hacia una mejor comprensión sobre quiénes somos, especialmente para los pueblos indígenas, no sólo porque siempre hemos sido negados, censurados o nombrados por otros, sino porque nos han identificado de manera culturalista y folklórica, o sólo por nuestra vestimenta.
El CPO afirma que este censo es sólo un pasito de hormiga porque en la vida cotidiana los pueblos indígenas no tenemos derecho real a la auto-identificación. El Estado ladino/oligarca, a través de la radio, las escuelas, las iglesias y todos los espacios públicos, nos ha impuesto la vergüenza de nuestro origen, nos ha enseñado a auto-llamarnos «naturales», a identificarnos sólo con el nombre de nuestro caserío o aldea, robándonos la información de nuestra historia, mintiéndonos sobre nuestra historia, impidiendo la libertad de ser según nuestra identidad, despreciando nuestros idiomas y quitándonos el orgullo, la dignidad y la estima hacia nuestros orígenes y hacia nuestros propios conocimientos del mundo.
«Este censo es sólo un pasito de hormiga»
Es un pasito de hormiga porque este censo, como toda herramienta estadística, su valor y utilidad dependerán del uso político que se le dé. El CPO afirma que los pasos de bestia criminal con los cuales camina el Estado impedirán el mejor uso del censo. La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 fue la primera herramienta estadística que preguntó sobre la salud de las mujeres y la niñez indígena, después de 500 años de invisibilizar los derechos de maternidad de las mujeres de nuestros pueblos. ¿Y qué pasó? ¿Ha habido cambios? ¡No! ¡Ninguno! Las comadronas y las mujeres indígenas que llegan a los Centros de Salud y a los Hospitales siguen siendo maltratadas. La desnutrición que afecta a las mujeres indígenas de Guatemala es la más alta de América Latina.
«La desnutrición que afecta a las mujeres indígenas de Guatemala
es la más alta de América Latina»
Todas las estadísticas oficiales que ya existen sobre desnutrición, bajos salarios, desempleo, mortalidad materna, vulnerabilidad ambiental, pobreza y demás exclusiones sociales, muestran que son los pueblos indígenas los más afectados, seguidos por ladinos pobres. Pero este Estado no usa esta información para atender las necesidades esenciales de la población. No sólo es un Estado racista anti-indígena, también es un Estado que desprecia y se burla de la mayoría de ciudadanas y ciudadanos, sin importar pueblo alguno, porque está hecho para organizar los negocios de una rosca de familias que se creen pura sangre y funciona chaqueteando a las trasnacionales y al imperio gringo.
De nada sirve crear información pública sobre los pueblos si esta información es controlada, negada y manoseada por los órganos del Estado y las autoridades públicas. En el corazón de la corrupción y de la impunidad vive el control y la manipulación de la información. El empleado público se nutre de una cultura del secreto, que niega el libre acceso a la información pública. La mayoría de empleados públicos tienen en la boca la frase de «Lo siento. Esa información no se le puede dar».
«Vivimos bajo un Estado racista, misógino, militarizado y excluyente »
Vivimos bajo un Estado racista, misógino, militarizado y excluyente, que usa la información pública impulsando dos estrategias: 1º. Para alimentar una política de seguridad nacional basada en el espionaje ilegal de quienes se oponen a los gobernantes y basada, además, en el criterio de que la población es un enemigo interno; y 2º. Para organizar el presupuesto y las finanzas nacionales en razón de los requerimientos de máxima ganancia que tienen los grandes negocios nacionales y trasnacionales.
El municipalismo, con esa lógica, es hoy una estructura criminal que secuestra la información pública. Las municipalidades retuercen toda la información de sus territorios: desde la relacionada con sus presupuestos hasta la vinculada con el daño irreparable que causan los monocultivos y las mineras sobre los ríos y el agua, la destrucción de las cuencas que causan las grandes hidroeléctricas, los abusos e ilegalidades en los contratos de las trasnacionales y los recurrentes despojos de tierras. La única autonomía que tienen las municipalidades es para robar y hacer alianzas con millonarios y militares interesados en callar la boca a la gente, persiguiendo y matando.
Desde la actual Constitución Política nacen los vacíos para el mal uso de la información pública. No existe ninguna norma constitucional que defina una estrategia nacional para diseñar el presupuesto en razón directa con las exclusiones sociales que muestran las estadísticas. Cada Ministerio planifica como se le ronca la gana, sin visión nacional y sin ninguna articulación con las prioridades de la gente en los municipios. Los presupuestos de los ministerios, de las municipalidades y de los consejos de desarrollo están desarticulados, sin estrategia nacional, cada uno con su falsa autonomía. Por eso también el presupuesto es presa fácil para el clientelismo político. Hoy las estadísticas sociales solo sirven para justificar la deuda pública, mientras el dinero de la deuda va a los bolsillos de los corruptos.
«Cada Ministerio planifica… con su falsa autonomía»
Pero el mal uso de la información también existe porque permitimos estos abusos. Lo poco que dice esta Constitución sobre asuntos de urgencia nacional, se reduce a la reforestación, la alfabetización y el desarrollo económico de Petén. Estas normas simples no se cumplen porque a la vez tenemos otro problema grave: dejamos que gobiernen los mafiosos, los militares y sus cuates pistudos de cada municipio y los politiqueros que llegan a regalar limosna a cambio de nuestro voto.
No nos damos valor como ciudadanas y ciudadanos que somos. Todo funcionario público está obligado a dar toda la información pública bajo su cargo. Los alcaldes, concejales y ministros que no consultan, que no hacen o que manipulan los estudios de impacto ambiental, deberían ser revocados de sus cargos o colocados en la cárcel. Estos funcionarios reciben salarios pagados por nosotros. Cuando compramos cualquier cosa en la tienda, pagamos impuestos que sirven para el presupuesto del Estado, incluyendo los salarios de los empleados públicos. No debemos permitir que nos nieguen u oculten información porque ellos son nuestros empleados y deben, además, respetar nuestro dinero y nuestros derechos.
«Todo funcionario público
está obligado a dar toda la información pública bajo su cargo»
Organicemos nuestra comunidad para vigilar a los empleados públicos. Organicemos nuestra comunidad para exigir total libertad de la información pública. Organicémonos para luchar por cambios profundos a este Estado que usa los censos para darnos atol con el dedo, mientras hace negocios con la información, pone orejas, jueces y fiscales para callarnos, y matones para perseguirnos. Eso está pasando porque la única paz que aceptan es la de sus negocios. El CPO llama a defender la paz uniéndonos para reorganizar el municipalismo y para que el presupuesto respete y atienda la información social.
Un cambio plurinacional no sólo requiere censos. Construir un Estado Plurinacional significa nuevos espacios públicos, liderazgos honestos en el gobierno y florecimiento de todas las libertades. Esos sueños pueden nacer a partir de, por lo menos, cuatro grandes transformaciones profundas: 1º. Que Guatemala adopte una forma de gobierno basada en la democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional. 2º. Que la unidad y prosperidad de la plurinacionalidad se fundamenten en una economía plural, con los servicios públicos estratégicos nacionalizados, orientada a la igualdad en la calidad de vida y el buen vivir de mayas, ladinos, xincas y garífunas. 3º. Que una cultura plurinacional sea proclamada e impulsada para una sociedad incluyente, respetuosa de todas las identidades. Y 4º. Que desaparezca la militarización, que la administración de justicia no alimente redes paralelas de poder ni fraudes de ley y que se respete y organice la pluralidad de la justicia.
¡Discutamos y unámonos alrededor de estos cuatro pactos liberadores!
Consejo del Pueblo Maya
