¡No queremos el falso desarrollo que entra con sangre y despojos!
Está comprobado que para acabar con la corrupción se tendría que expulsar del país o meter en la cárcel a la oligarquía, a los jefes de los partidos políticos, a los mandos militares y a cientos de funcionarios públicos. Las instituciones estatales, comenzando con la justicia, están tan podridas que esa limpieza no la pueden hacer y no la quieren hacer. No tienen capacidad ni interés para limpiar su basurero. Por eso las mafias criollas han cocinado un nuevo pacto: se van a dedicar a lo que los une, que es hacer dinero y controlar a la población. Con esos dos objetivos, Estados Unidos siempre ha estado de acuerdo.
Ahora están pidiendo perdón. Los oligarcas aceptan que dieron dinero sucio a Jimmy Morales, con lo cual condenaron a su propio títere, aunque lo mas seguro es que negocien su libertad, porque al final, lo que quieren es estabilidad que dé luz verde a sus negocios en los territorios. En este pacto renovado hay una estrategia con relación a los pueblos, liderada por los criollos más racistas, asesinos y conservadores de la agroindustria, sostenida militarmente por las redes de AVELMIGUA y Estados Unidos está conforme. Esa estrategia es la única que ha servido a la oligarquía para dominar en Guatemala y consiste en: 1º. Reprimir y matar a quienes protesten en contra de sus negocios millonarios; 2º. Dividir a los pueblos, poniendo a la gente contra la gente; y 3º. Negociar en el Congreso de la República, como sea y con quien sea, para aprobar las leyes que van a respaldar los nuevos despojos territoriales.
Con esa lógica camina su modernización y su desarrollo económico. Ya en febrero, el gobierno de Morales les aprobó y publicó la Política Nacional de Competitividad 2018-2032. A esta política le urge la ley de competitividad y la ley para privatizar las carreteras, entre otras. Si el Congreso aprueba esas leyes, a cambio de perdones, dentro de poco oiremos muchas noticias de las “ciudades intermedias” que quieren armar en nueve departamentos, con el aparente fin de conectar los territorios urbanos y rurales para dar empleo a 8 millones de personas.
Esas “ciudades intermedias” las quieren instalar en el Puerto de San José, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Flores, Zacapa, Puerto Barrios y Retalhuleu. Su plan es abrir zonas francas, que no pagarán impuestos, con salarios más bajos que el mínimo actual, con salarios diferenciados por territorio, sin prestaciones de seguridad social y sin prestaciones laborales. Allí quieren levantar 11 tipos de negocios, como el de muebles, papel y hule; frutas y vegetales; alimentos procesados; textiles y calzado; call center, turismo y servicios privados de salud. Nos van a imponer maquilas, nos quieren sobre explotar; van a robarse más tierras baldías para montar sus fábricas, van a robarse más tierras, ríos y agua de las comunidades y van a seguir usando al Estado para multiplicar las ganancias de las grandes empresas.
Con tal de contener las migraciones a Estados Unidos, al gobierno gringo no le importa ni la vida, ni la dignidad, ni los derechos de las y los guatemaltecos. Para los gringos, tal como dijo Roxana Baldetti hace unos años, es mejor que la gente tenga aquí su tortilla con sal, a que se vaya a buscar trabajo al Norte. Ese plan ya está caminando. En abril, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) lanzó el proyecto “Creando Oportunidades Económicas para Guatemala”, que se ejecutará en el Altiplano Occidental, con mayoría de población Maya. El proyecto estará bajo el control de la oligarquía que domina AGEXPORT y tendrá la asesoría de FUNDESA, uno de los grupos de tecnócratas consejeros del CACIF y negociador con el Comando Sur de Estados Unidos para el Plan de Prosperidad del Triángulo Norte. La misión de ese proyecto es comprar barato a los pueblos campesinos e indígenas, y vender caro afuera de Guatemala. En cinco años quieren invertir cerca de mil millones de quetzales para armar redes de campesinos convertidos en obreros mal pagados, que entregarán a bajo precio sus productos (gastando su propia agua y su propia luz) para enriquecer a los que tienen el control del mercado externo.
¿Por qué no preguntan a las comunidades qué proyectos de desarrollo queremos? ¿Por qué no permiten que las comunidades tengan el control de sus productos hasta la venta final? ¿Por qué no fortalecen la economía campesina y al mercado interno de alimentos? ¿Por qué no detienen la producción agrícola que está destruyendo a la Madre Tierra? ¿Por qué imponen un modelo que favorece solo a la oligarquía y a las trasnacionales y ofrece migajas a la población? ¿Por qué no se obliga a estas empresas a pagar impuestos para que existan mas servicios públicos gratuitos? El Consejo del Pueblo Maya, CPO, llama a todos los pueblos de Guatemala a defender la tierra y el agua y a levantar una economía para todos. Queremos una economía que esté controlada por las comunidades y no por las trasnacionales ni por la oligarquía. ¡El CPO llama a parar los despojos de tierra, agua y trabajo! Ese modelo es el que tiene preso a Bernardo Caal Xol y es el que asesinó a Luis Arturo Marroquín, de CODECA, y a José Can Xol, de CCDA. Ese modelo económico nos está matando, despojando y esclavizando, dejando mucho daño en la niñez y las mujeres indígenas y campesinas.
Es muy cierto lo que dijo el 10 de mayo la Señora Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: no estamos en contra del desarrollo, sino en contra de los proyectos impuestos. El racismo y el desprecio contra la población rural es tan grande, que no respetan nuestra dignidad, ni nuestra vida; solo nos ven como mano de obra barata. Por eso el CPO llama a tomar decisiones. La corrupción solo está cambiando su disfraz. Debemos instalar una Asamblea Plurinacional Constituyente para dar vida a una Constitución Política que obligue a frenar la desigualdad, que prohiba y castigue los privilegios fiscales; que declare los derechos del agua, de los ríos, de los bosques y de la tierra. Necesitamos una Constitución que estimule varias formas de propiedad y no solo la propiedad privada; que nacionalice la energía eléctrica; que desmilitarice todo el territorio y que regule una carrera civil y una carrera judicial de funcionarios honestos. Los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo necitamos cambios profundos para frenar el despojo y la corrupción. Tomemos decisiones. Tenemos derecho a gritar que NO queremos una economía corrupta.
¡No queremos desarrollo con sangre y despojo!
¡La unidad de todos los pueblos nos dará fuerza!
¡Democracia comunitaria, democracia participativa y
democracia representativa para todos los pueblos!
¡Por una Asamblea Plurinacional Constituyente!
CONSEJO DEL PUEBLO MAYA