Guatemala desde los acuerdos de paz de 1996, ha sido signatario de importantes convenios y tratados internacionales que lo obligan a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, entre otros. Sin embargo el Estado de Guatemala capturado por los intereses corporativos ha concesionado nuestros territorios, violando sistemáticamente nuestros derechos fundamentales.
Como respuesta pacífica y democrática frente al extractivismo, desde 2005 los pueblos mayas y mestizos, venimos ejerciendo nuestro derecho a la consulta; hasta la fecha cerca de dos millones de hombres y mujeres hemos participado en 85 consultas de buena fe. Para el efecto, se han utilizado procedimientos adecuados, construidos colectivamente sobre principios ancestrales de participación y toma de decisiones, promovido por autoridades propias de nuestros pueblos.
El Estado de Guatemala no ha respetado estos consensos y decisiones que nuestros pueblos libremente han determinado, al contrario, los gobiernos de turno han impulsando reglamentos que solo favorecen a las corporaciones, porque son iniciativas de mala fe que tergiversan el espíritu, disminuyen el alcance, y confunden el impacto del derecho fundamental de la consulta.
Consideramos que el derecho a la consulta es un derecho humano fundamental que no se puede desligar de otros derechos básicos como el derecho a la vida, al territorio, la organización y el desarrollo propio, por lo tanto, la violación sistemática de estos derechos por parte del Estado de Guatemala ha traído como consecuencia:
· La conflictividad social provocada por la imposición de proyectos extractivos que divide y enfrenta a nuestras comunidades.
· La militarización de nuestros territorios, el hostigamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, el trabajo de intimidación y cooptación que realizan operadores de las empresas extractivas, abren de nuevo las cicatrices que dejaron las consecuencias del conflicto armado interno.
· La criminalización de las luchas sociales ha permitido la judicialización las demandas legítimas de nuestros pueblos. Hoy el derecho a la organización propia, la lucha por la defensa del territorio y la consulta, es tipificada como delincuencia, asociación ilícita y amenaza. Actualmente existen 12 presos políticos entre ellos Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y francisco Juan, detenidos recientemente.
· La obstrucción y retroceso de la transición democracia en nuestro país es una clara violación a los acuerdos de paz que favorece la ingobernabilidad.
El Consejo de Pueblos mayas –CPO- y la sociedad civil organizada, presentamos en 2012 un Recurso de Inconstitucionalidad General Total en contra de la Ley de Minería ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, sin embargo este derecho se nos fue negado, por lo que en septiembre del 2013 elevamos nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En esta ocasión instamos respetuosamente a CIDH a:
· el seguimiento a nuestra demanda para una adecuada implementación del derecho a la consulta en Guatemala;
· monitorear la situación de derechos humanos en Guatemala con énfasis en el derecho a la consulta;
· responda a la denuncia presentado por el Consenso de Pueblos Mayas, en septiembre de 2013.
Solo queremos vivir en paz, con dignidad.