La implementación del modelo extractivista en nuestros territorios ha venido a alterar el modo de vida, la armonía entre los pueblos. Las empresas están operando sin licencia comunitaria, provocan divisiones, cooptaciones, hostigamiento, desesperación y conflictividad social.
El uso desmedido de las fuerzas de seguridad pública al servicio de las corporaciones mineras y de energía, es inmoral e irresponsable. La militarización de los territorios, abre nuevamente las heridas aun no sanadas que provoco el conflicto armado interno.
La criminalización de las luchas sociales demuestra la incapacidad del gobierno para resolver las demandas legítimas de los pueblos; porque los reduce, los deslegitima y los judicializa. Esta posición oficial está profundizando la discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y los pueblos en general que se oponen a este nuevo despojo. Además de polarizar la opinión pública, descalifica, estigmatiza la función de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
La violación sistemática de los derechos fundamentales de los pueblos como el Derecho a la Vida y el Derecho a la Consulta, coloca a Guatemala a nivel internacional como un Estado violador de su propia Constitución Política y los Convenios Internacionales en materia Derechos Humanos. Cuando los organismos del Estado anteponen los intereses de las inversiones privadas por encima de las demandas justas y legítimas de los pueblos; nuestra frágil democracia y el Estado de Derecho se vulneran, pierden legitimidad; en consecuencia la transición democrática que se apertura con los Acuerdos de Paz esta colapsando, la descomposición de la institucionalidad pública se ha profundizado, hemos pasado al modelo CORPORACION-NACION.
No se puede considerar como vía de “DESARROLLO” un modelo extractivista que es ajeno a los intereses de los pueblos y a su cosmovisión. Un modelo que se impone, despoja, oprime, encarcela y asesina, no puede llamarse desarrollo.
Es momento de indignarnos……. es el tiempo de los pueblos.