“TODOS Y TODAS SOMOS BARILLAS” — CPO —

     ¡En Defensa de la Vida, el Territorio, la Madre Tierra y Derechos colectivos de los Pueblos!

 

 

Una larga historia de defensa permanente  de la madre tierra  de parte de  los pueblos, frente a empresas multinacionales, con el apoyo del aparato del estado guatemalteco, se ha agravado en el país este 1º de mayo con el seguimiento de un plan de represión contra la resistencia comunitaria.

A 9 días del cobarde asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel y de las heridas causadas a otros dos  líderes Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar,  causado por la guardia de la empresa Hidro Santa Cruz Sociedad Anónima, responsable del proyecto Canbalam I. Una vez más, los organismos encargados de hacer las investigaciones para identificar y juzgar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, no han actuado con celeridad para  cumplir con el Estado de Derecho. 

 

Este hecho detonante, corresponde a un plan preestablecido, que ha llevado al gobierno a decretar el Estado de Sitio  y con ello el reposicionamiento del Ejército y la PNC, para garantizar los intereses de la empresa.  Con este mecanismo se ha instalado nuevamente, en los 9 días vividos, el estado de terror  y despojo  en  territorio Q’anjob’alano y otras comunidades y sus territorios adyacentes, quienes ha  sufrido  todo tipo de abusos,  atropellos y violaciones a sus derechos fundamentales, tanto individuales y colectivos. 

 

Denunciamos que la implantación del Estado de Sitio solo demuestra la  incapacidad de las instituciones del Estado, para garantizar y promover la  participación de las comunidades más abandonadas a procesos integrales de bienestar y el cumplimiento de los derechos fundamentales que les asisten.  

 

Responsabilizamos al  gobierno militar  de Otto Pérez Molina de  actuar en complicidad con  la empresa Hidro Santa Cruz, S.A., que de diferentes formas y mecanismos ha atentado contra la armonía, paz y formas de vida comunitaria.    El Estado de sitio que se ha implantado, con allanamientos, capturas y saqueo de bienes de las familias, nuevamente obliga a emigrar fuera de sus comunidades y buscar refugio en otros departamentos y en México.  Las acciones brutales sufridas en estos días superan las formas empleadas durante el conflicto armado y nos confirma su continuidad.  La falta de pruebas con que se incrimina a los y las lideresas detenidas, exige al Ministerio Público y a los  jueces  dejar en libertad inmediata, como ya  ha procedido  con dos hermanas mujeres. 

 

La remilitarización de nuestros territorios representa una  flagrante violación al derecho internacional humanitario ratificado por el Estado Guatemalteco y una violación a los Acuerdos de Paz, de los cuales el presidente fue signatario. 

 

La propuesta de un modelo alternativo, fundamentado en el uso apropiado,  equitativo y responsable  de los bienes naturales, en  el que hemos aportado  los  pueblos y movimientos sociales,  ha sido negado permanentemente, por privilegiar la  voracidad del modelo neoliberal que se nos impone con violencia. 

 

Como Consejo de Pueblos de Occidente:         

       

1. Nos solidarizamos con los familiares del hermano  ANDRES FRANCISCO MIGUEL,  demandamos al Estado y la Empresa  el pago de  una  indemnización a sus familiares.  Su sangre derramada en Poza Verde,  no quedará impune.  Su testimonio  alimenta y fortalece nuestra lucha para la construcción de un nuevo amanecer de nuestros pueblos. 

 

2. Nos solidarizamos con nuestros hermanos heridos Pablo Antonio Pablo, Esteban Bernabé Gaspar,  las 15 personas detenidas arbitrariamente y las familias que han tenido que desplazarse y buscar refugio local e internacionalmente.  

 

3. Hacemos un llamado a nuestros hermanos y hermanas del municipio de Barillas a mantener  su convicción en la unidad en la lucha por la defensa de nuestros territorios como un legado de nuestros abuelos y abuelas. 

 

4. Exigimos respeto a la vida, el cese del despojo de nuestra madre tierra, el cese inmediato del Estado de Sitio y la declaración de inconstitucionalidad de ley de minería

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5. Denunciamos la complicidad de los diputados del Congreso de la Republica que ratificaron el Estado de Sitio, como cómplices de la violación al orden constitucional.

 

6. Solicitamos a la Corte de Constitucionalidad, que de oficio restablezca el orden constitucional en Santa Cruz Barillas, en cuanto que  el Estado de Sitio violenta el orden Constitucional.

  

7. Hacemos un llamado a la unidad  y a la defensa permanente de los territorios, porque la historia nos ha  demostrado que  hoy es Barillas, mañana será todo el territorio. 

 

Héroe y mártir de la lucha de los pueblos por la defensa de la Madre tierra.

Chnab’jul,  Huehuetenango, 09 de mayo de 2012