Los tres abogados de la Corte de Constitucionalidad que protegieron el litigio malicioso practicado por la defensa de los genocidas, son el mejor ejemplo de las redes corruptas que definen al Estado de Guatemala. La anulación de la sentencia de genocidio es una influencia traficada.Quizás una de las grandes enseñanzas de este juicio sea que ha mostrado como nunca los rostros de quienes hacen la impunidad. Ayer y hoy.
No es otra cosa que ver la gravedad de la putrefacción del Estado. Todo el orden constitucional está agujereado por grupos caciferos y libreteros, armados hasta los dientes, unos involucrados en negocios mafiosos, otros para jinetear el dinero público y controlar las compras del Estado, otros más para negocios electorales, aquellos para empujar grandes ganancias sin impuestos, y estos otros para desinformar, meter miedo, censurar y matar. El Estado está podrido y la CC mostró el olor apestoso del tráfico ilegal de su justicia.
Si la ciudadanía, la mayoría de mujeres y hombres de esta nación, no nos damos cuenta de que por siglos se nos ha impuesto una lógica de control, muerte y saqueo, entonces toda esta podredumbre nos llevará a matarnos entre sí y a la indiferencia egoísta que siempre provoca el sometimiento. Y por allí vamos. Ya no estamos más frente a un conflicto armado interno; pero la violencia que hoy crece es el caldo hirviendo que resulta de siglos de represión y desprecio a los derechos de las personas.
Son siglos de deprecio a los pueblos indígenas. Este régimen político está hecho para que los pueblos indígenas NO tengan cabida en su historia, en sus leyes ni en su orden constitucional. Con rigor somos herederos de una vieja estructura etnocida y femicida: millones de jóvenes sobreviviendo sin derecho al trabajo y sin salarios dignos; millones de personas pichicateando en la economía informal; la mitad de la población viviendo en pobreza y pobreza extrema; miles de madres y niñez desnutridas, millones de familias sin viviendas; millones de familias sin agua potable ni servicios básicos; millones de familias sin mercados agrícolas; cientos de comunidades otra vez despojadas de sus tierras originarias.
Así, en medio de tantas carencias, las redes corruptas se regocijan con los silencios, los miedos, los odios, las divisiones e indiferencia que proliferan adentro de nuestras comunidades, en el corazón de la misma sociedad. La injusticia es un arma para el control y la división social. ¿Entonces, qué hacer? Debemos impedir que destruyan la unidad de las comunidades, pueblos y municipios; debemos impedir que manipulen la historia de los pueblos, impedir que nos pongan a luchar unos contra otros. Es urgente fortalecer la organización de los Pueblos y ciudadana hacia adentro y hacia abajo porque sólo así nace la memoria colectiva y los derechos se sostienen. Sólo desde nuestras necesidades y esperanzas comunes seremos libres. Busquemos ese camino. Fortalezcamos por tanto nuestra comunidad de derechos y demandas. Revistámonos de la dignidad de buscar unidas y unidos un régimen político que radicalice la democracia. Necesitamos un poder público de nosotros y nosotras que nos facilite la vida y no que nos niegue, persiga y despoje.
La ley internacional ampara a los pueblos indígenas para construir la institucionalidad pública que su vida necesita. No permitamos más abusos a favor de esa tendencia dominante que quiere manipular la historia y reducir los derechos.
La medida más segura de toda fuerza es la resistencia que vence.
Consejo de los pueblos de Occidente