Este miércoles once de abril de 2012, sorpresivamente la CC dio trámite a la Acción de Inconstitucionalidad presentada el pasado 12 de marzo del año en curso por Autoridades Indígenas del país: 48 Cantones de Totonicapán, Municipalidad Indígena de Chichicastenango, Municipalidad Indígena de Sololá, Consejo Maya Mam de Quetzaltenango, Consejo de los pueblos Kichés, entre otras, con el respaldo político y jurídico del Consejo de Pueblos de Occidente – CPO, movimiento que aglutina más de doce pueblos mayas y mestizo, quienes han promovido el derecho ancestral de consulta en  sesenta municipios, en particular en el occidente de Guatemala, en la que han participado más de un millón de personas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos y abuelas.

 

 

“La acción de inconstitucionalidad se plantea porque el congreso aprobó la Ley de Minería sin consulta previa, libre e informada a los pueblos y sus respectivas autoridades, lo cual viola flagrantemente derechos consagrados en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, indicó Udiel Miranda de la Comisión Jurídica del CPO.

 

 

Esta resolución se da justamente un día después de que las autoridades en consejo y en conferencia de prensa pidieron a la CC diera tramite a esta acción, ya que observaban pasividad y silencio de parte de los magistrados.

 “Nos parece positivo el hecho que la corte haya dado trámite a ésta acción de inconstitucionalidad y esperamos que pueda resolver favorablemente para los pueblos, pues el Estado nunca ha cumplido con la obligación de consultar a los pueblos sobre medidas legislativas, administrativas y ejecutivas”, expresó Lolita Chávez, una de las interponentes de esta acción.

 

 

En los próximos días como parte del seguimiento de esta acción, se llevará a cabo una Vista Pública en la que se prevé participen las Autoridades y representantes legítimos de los pueblos. También estarán presentes representantes de las industrias extractivas, el Congreso de la República, el Ministerio Público, así como Terceros interesados, informaron las autoridades del CPO