Benito Morales, de la Comisión Jurídica del Consejo de los Pueblos de Occidente – CPO-, explicó; “el mayor argumento para presentar dicha acción legal ante la Corte de Constitucionalidad es la violación de los derechos humanos, que se comete desde la intervención de las fuerzas de seguridad pública”.
Udiel Miranda, afirmó: “la medida gubernamental de instalar el Estado de Sitio, restringe y viola los derechos humanos y colectivos del pueblo Q’anjob’al de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Ya que las condiciones de Barillas, no cumplía condiciones o requisitos legales para su implantación. Así mismo, representa el carácter militar y autoritario de este gobierno, que no escucha ni atiende las principales demandas del pueblo, como el respeto a su territorio, a la consulta de buena fe, el derecho a un desarrollo desde la visión de los pueblos originarios”, puntualizo.
Con esta acción legal presentada, “se pretende dejar sin efecto esta medida del gobierno, porque es arbitraria y constituye una medida de intimidación y una actitud violenta en contra de nuestros pueblos. Es incongruente con un Estado democrático y la constitución, no se tomaron en cuenta parámetros internacionales como el convenio 169, donde se les debió haber consultado a la población”, indicó la Licenciada Lucia Xiloj, del CPO.
El Estado de Sitio, se decretó hace dos semanas, derivado del asesinato y muerte de un líder comunitario y tres heridos. De acuerdo la versión de los lideres sobrevivientes “todo fue provocado y planificado por trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz S.A”.
En la localidad se han efectuado más de 30 allanamientos, se ha detenido a 15 personas vinculadas a los incidentes del 1 de mayo. Se mantienen tres operativos de control permanente entre Policía y Ejército para cubrir los tres principales accesos al municipio, así como patrullajes constantes e identificación de personas en lugares públicos.
El día de mañana, en respaldo a la acción jurídica presentada, se desarrollará una caminata pacífica denominada “Todos y todas somos Barillas”, para exigir al gobierno de Otto Pérez Molina dé marcha atrás a su plan de represión, de servilismo a las empresas trasnacionales y de violación de los derechos humanos y colectivos de los pueblos, en especial respeto a la decisión de más de un millón de personas, niños, niñas, jóvenes, señoritas, hombres y mujeres, abuelos y abuelas en las más de 62 consultas comunitarias de buena fe realizadas en el occidente del país.
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